
La Organización de Inspectores de Hacienda se ha puesto en contacto con los Gobiernos regionales para evitar el grave daño que puede suponer el cuponazo catalán a toda España y a esta comunidad en concreto.
Un carta remitida por el colectivo de Inspectores fiscales a los Gobiernos regionales que se encuentran en el régimen común del sistema de financiación autonómica destaca que "la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), colectivo superior de funcionarios de la Administración General del Estado (AGE), en su obligación de defensa del interés general amparado en el artículo 103 de la Constitución y del Estado de Derecho, al que están sometidos todos los ciudadanos, deseamos expresarle la gran preocupación de este colectivo ante los graves perjuicios que, para España y para todos los ciudadanos, conlleva el acuerdo entre el PSC y ERC, avalado por el Gobierno de España".
Los inspectores detallan, como se puede comprobar en la carta remitida al Gobierno aragonés del popular Jorge Azcón, que "el fin último [del pacto de creación de un cupo clandestino para Cataluña] es deshacer el actual sistema de financiación autonómica y fragmentar la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) por una vía ilegal y en contra de la igualdad y solidaridad entre todos los españoles".
A partir de ahí, los inspectores se ofrecen para frenar esa reforma: "Como Usted sabrá, los independentistas catalanes están canalizando sus reivindicaciones a través de una negociación bilateral, sin tener en cuenta al resto de las comunidades autónomas, quienes deberían tener voz y voto en este tipo de reuniones, en la que se está aceptando la ruptura del actual sistema, utilizando un medio que no es el previsto en nuestro ordenamiento jurídico". Y señalan que su organización (IHE) "lleva mucho tiempo alertando sobre lo que ya se ve de avance en las negociaciones entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña. Se trata de una amenaza seria que además supone dar la espalda a las demás comunidades autónomas y marcando un camino que no respeta el Estado de Derecho".
Ruptura del sistema de financiación actual
"La AEAT realiza una labor esencial en todo el territorio español, lo que no impide que pueda llegar a ciertos acuerdos con algunas de las agencias tributarias autonómicas para lograr una mayor eficiencia en materia de aplicación del sistema tributario y en lucha contra el fraude fiscal", explican los expertos de la propia AEAT. Y "lo que no es aceptable es proponer, al margen de la norma y sin contar con el resto de España, una ruptura del sistema de financiación actual y, con ello, de la AEAT, buscando privilegios y, en concreto, rompiendo con el servicio que presta la AEAT en esa comunidad autónoma bajo excusas que no responden a las necesidades de los ciudadanos y, por tanto, al interés general", concluyen.
"IHE ha repetido hasta la saciedad que llamar "Acuerdo de financiación singular" a la creación de un sistema privilegiado que no ampara nuestra norma fundamental, y que olvida y margina a las demás comunidades autónomas, es simple y llanamente un engaño a todos los ciudadanos que tendrán que pagar la factura de los independentistas con subidas de impuestos y con prestaciones peores de los servicios públicos, entre los que están los que actualmente presta la AEAT, tan importantes para nuestros ciudadanos".
Por eso, señalan al presidente aragonés, "le pedimos, encarecidamente, que evite todo engaño y que traslade al Gobierno de España y al Gobierno de Cataluña que los demás territorios tienen mucho que decir, y que no envuelvan con triquiñuelas y eufemismos algo que, simple y llanamente, busca mejorar a unos pocos en detrimento del resto".
Gasto público de un régimen sin amparo legal
"En este sentido, hay que recordar la sentencia del Tribunal Supremo sobre el proceso independentista, en cuanto a la exigencia de responsabilidades, incluidas la penales, respecto de cualquier medida que se apruebe y el gasto público que se realice para implantar un régimen que, en el momento actual, no tiene ningún amparo legal", añaden los inspectores.
"Apelando a su responsabilidad, le pedimos que traslade el rechazo a velar exclusivamente por ese interés particular que unen en este momento a ERC, PSC y el Gobierno de España, y la necesidad de volver a la senda de la cordura, del Estado de Derecho y al respeto a los principios constitucionales de igualdad y solidaridad entre todos los españoles. Por todo ello, nos ponemos a su disposición para cualquier cuestión que sobre estas cuestiones desee precisar". Firmado: "Ana de la Herrán Piñar. Presidenta de la Junta de Gobierno Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE)".
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