Un estudio publicado por el instituto alemán IZA confirma lo que avanzó Libre Mercado en el momento de la apobación la Ley Rider, impulsada por el Ministerio de Trabajo en 2021: a saber, que dicha norma ha tenido efectos negativos en los salarios y el empleo de los repartidores. Lejos de mejorar sus condiciones, la normativa ha reducido su capacidad de decisión y ha generado distorsiones en el mercado laboral.
Según el informe Riders on the Storm, elaborado por los economistas Juan J. Dolado, Álvaro Jáñez y Felix Wellschmied, la Ley Rider que impulsó Yolanda Díaz ha provocado un descenso del empleo en el sector del 7%, una caída del 3% en los salarios por hora y una reducción del 2,5% en el número de horas trabajadas. Los más perjudicados han sido precisamente los trabajadores que la ley pretendía proteger: aquellos que aún operan como autónomos, pero con una demanda más débil de sus servicios y tiempos de espera más largos para recoger pedidos.
El número total de repartidores en España ha crecido de 25.000 en 2021 a 35.000 en 2024, pero este aumento responde a la creciente demanda de pedidos de comida a domicilio y no a los efectos positivos de la ley. De hecho, las empresas que han optado por cumplir la normativa no han podido absorber la totalidad de los riders que antes trabajaban como autónomos: solo han incorporado al 46% de los que quedaron fuera tras la reforma.
Un modelo laboral menos flexible y menos rentable
El estudio también evidencia cómo la Ley Rider ha encarecido el coste de contratación para las plataformas de reparto, limitando la capacidad de generar empleo. En lugar de mejorar las condiciones de los trabajadores, la legislación ha reducido las opciones de quienes antes podían elegir cuántas horas trabajar y bajo qué condiciones hacerlo.
Para los autónomos que han mantenido su actividad en plataformas que desafían la norma, los efectos han sido devastadores: su salario por hora ha caído un 6,8% y su volumen de trabajo efectivo se ha reducido un 4,6%. Por otro lado, los riders asalariados han visto cómo su posición negociadora se ha debilitado, ya que el empleo por cuenta propia ha perdido atractivo, lo que limita su margen de maniobra para exigir mejores condiciones.
Una solución que pasa por reducir la carga fiscal
Los autores del informe plantean que una posible solución a los efectos negativos de la ley sería bonificar las cotizaciones sociales a las empresas que cumplen con la normativa. Esta medida permitiría aliviar los costes que han impedido a las plataformas absorber a más trabajadores y contribuiría a mejorar los salarios de los repartidores asalariados.
Pese a que esta bonificación tendría un coste para el Estado, los economistas argumentan que sería mínimo, dado que el sector del reparto de comida representa una fracción muy pequeña del mercado laboral. En otras palabras, la medida funcionaría como un incentivo para minimizar los efectos adversos de una regulación que, hasta la fecha, ha perjudicado más que beneficiado a los trabajadores del sector.
En definitiva, el informe del IZA pone sobre la mesa una realidad muy incómoda para el gobierno: la Ley Rider ha generado más problemas para el sector y ha pauperizado a los trabajadores a los que supuestamente quería defender. En lugar de mejorar la calidad del empleo, ha reducido la flexibilidad laboral, encarecido la contratación y debilitado la posición de los trabajadores en el mercado. Como ocurre tantas veces, las buenas intenciones del regulador han chocado con los principios básicos de la economía real.