Los empresarios españoles creen que la sociedad española tiene una mala opinión de su colectivo. De hecho, consideran que su aceptación ha ido a peor en los últimos años y se muestran pesimistas acerca del futuro del emprendimiento en nuestro país. Así se desprende de un sondeo elaborado en 2023 por FUNCAS y publicado recientemente como parte de un libro dedicado específicamente a esta cuestión.
Después de encuestar a 404 empresarios y directivos de empresas con diez o más trabajadores que conforman una muestra representativa del tejido mercantil nacional, FUNCAS encuentra que el 81,7% de los empresarios son hombres y que el 93,8% son nacidos en España. Un 60,6% tiene estudios universitarios, pero casi 4 de cada 10 presentan otro perfil. El 52,4% provienen de un entorno familiar de empresarios, frente al 46% que no tiene tal herencia.
Cuando se pregunta a los empresarios por la percepción que tienen de ellos los españoles, la mayoría se muestran pesimistas, puesto que el 10,3% piensan que esta valoración social es "muy negativa", mientras que el 55,8% la considera "bastante negativa". En cambio, solamente el 0,8% cree que los españoles ven de forma "muy positiva" a los empresarios, junto a un 13,2% que piensa que su imagen social es "bastante positiva", lo que significa que apenas 1 de cada 5 empresarios se siente valorado por sus compatriotas. El 20% no se moja y considera que la mirada a este colectivo es más bien neutral o indiferente.
Lo peor de todo es que, de acuerdo con el sondeo de FUNCAS, el 49,3% de los españoles creen que la imagen de los empresarios en España ha ido a peor en los cinco últimos años, mientras que un 32,8% opina que sigue igual y solamente el 17,9% cree que ha mejorado. De modo que los responsables de nuestras mercantiles tienen una mirada pesimista sobre el estado de la cuestión y, además, consideran que la situación está evolucionando a peor.
Preguntados por su principal responsabilidad, el 74,9% citan como primera o segunda motivación el producir bienes o servicios útiles para sus clientes, mientras que otro 54,9% se centra en obtener beneficios y un 31,6% apuesta por mantener o hacer creer la plantilla. Preguntados por su responsabilidad con la sociedad, el 59,9% cita como primera o segunda opción el reto de contribuir al crecimiento, mientras que un 50,2% elige la creación de empleo y el 29,3% cita la producción de bienes o servicios útiles para el público.
No tienen tanto eco las cuestiones que habitualmente introduce el poder político en este tipo de debates: solamente un 9,6% cita como primera o segunda responsabilidad el "contribuir a la solución de problemas medioambientales", apenas un 14,3% entiende que una de sus principales funciones es "reducir las desigualdades económicas", un reducido 6,5% cita como una de sus tareas de referencia el "contribuir a financiar el Estado de Bienestar mediante impuestos y cotizaciones" y un mísero 3,1% opina que "reducir la desigualdad de género" debe ser una de sus preocupaciones centrales.
En el agregado, un 55,9% de los encuestados afirman que España no es un buen país para poner en marcha una empresa, porcentaje que crece al 66,7% en el caso de los empresarios de menos de 40 años. En cambio, solamente un 32,8% responde positivamente a este pregunta, siendo un 22,2% el resultado obtenido en esta pregunta entre los empresarios que no llegan a los 40 años. Frente al rechazo y el hastío que comunican, los empresarios encuestados ponen como modelo a seguir a Estados Unidos y, en menor medida, refieren los casos de Alemania, Portugal, Países Bajos, Irlanda o Reino Unido.
Cuando se les pregunta por las razones por las cuales es difícil poner en marcha una empresa en España, el 55,1% citan la fiscalidad como el primer o el segundo obstáculo más importantes. Asimismo, la regulación laboral y la excesiva burocracia son referidas por un 33,9% y un 33,5%, respectivamente. Un 23,9% carga contra el comportamiento de las élites políticas, el 12% lamenta la inseguridad jurídica, un 9,1% carga contra la regulación económica y solamente un 9,9% y un 3,9% cargan contra el acceso a financiación o la baja calidad del capital humano, respectivamente.
Al hilo de estas preocupaciones, el 49% opina que la primera o segunda reforma más urgente que debería adoptar España es la de la Administración Pública, mientras que otro 41,2% cita el sistema tributario. Un 41% pide mejorar el sistema educativo, el 24% aboga por reformar el sistema de pensiones y un 20,9% opina que es urgente cambiar el mercado laboral. Los encuestados valoran negativamente a los sindicatos (solamente les asignan una nota de 3,2 en una escala de 0 a 10), aunque tampoco son especialmente optimistas en relación con CEOE (5,4 sobre 10).
Otras encuestas, en la misma línea
Históricamente, las encuestas han tendido a reflejar la prevalencia de valores anticapitalistas entre amplios segmentos de la población española. Es el caso de los distintos sondeos elaborados por la Fundación BBVA, así como de los Barómetros de la Confianza que realiza la consultora Edelman. En la misma línea, un barómetro de Ipsos Mori coordinado por Rainer Zitelmann en 2022 puso de manifiesto que nuestro país presenta tasas muy altas de rechazo social hacia los empresarios de éxito y las personas ricas.