
El Gobierno argentino ha dado un nuevo paso en su apuesta por la desregulación económica con la firma del Decreto 90/25, también conocido como "Burocracia Cero". Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, busca eliminar normativas obsoletas, reducir la carga burocrática y mejorar la eficiencia de la Administración Pública.
El decreto, que se dio a conocer la pasada semana y ha sido oficializado en los últimos días, instruye a todos los ministerios y organismos del sector público a presentar en un plazo de 30 días un listado de leyes, decretos y resoluciones que obstaculicen la libre competencia y la actividad económica. Tal información será evaluada por el ministerio de Sturzenegger, que decidirá qué normativas serán derogadas o modificadas, con el objetivo de seguir liberalizando la economía.
Según Sturzenegger, "Argentina cuenta con aproximadamente 27.000 leyes, 70.000 decretos y 200.000 resoluciones, de las cuales solo unas 4.600 están debidamente recopiladas en el repositorio jurídico". "Nuestro marco normativo es un laberinto de cristal que construimos y del que no se puede salir sin derribar las paredes", añadió el ministro, en referencia a la complejidad regulatoria del país del Cono Sur.
Este nuevo decreto forma parte de la fase de "Desregulación 2.0" del Gobierno de Javier Milei, que busca acelerar la racionalización administrativa del Estado, tras una primera etapa de ajuste monetario y fiscal que también sirvió para poner en marcha los primeros pasos para la reducción de la carga normativa, como puso de manifiesto la liberalización de precios en el ámbito del alquiler. Coloquialmente, Sturzenegger y el propio presidente Milei aluden a esta nueva fase con el término "Deep Motosierra".
Con menos de 150 días restantes en la cuenta atrás para las elecciones legislativas, la Administración del mandatario liberal busca aprovechar el tiempo para reducir al mínimo las barreras regulatorias que afectan la productividad y la inversión privada. "Es fundamental retirar el peso muerto del Estado sobre la economía para permitir que el sector productivo pueda crecer sin trabas innecesarias", enfatizó al respecto Sturzenegger.
Un Estado más pequeño y eficiente
La medida también busca atender reclamos específicos de sectores productivos. Un ejemplo emblemático mencionado por el ministro fue el de un productor de sandías que solicitó la eliminación de regulaciones sobre los paquetes en que se despachan dichas frutas. El reclamo, que surgió de un pequeño productor del sector, acabó motivando la revisión de decenas de normativas del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) que, según su pudo comprobar, generan un grave problema de sobrerregulación.
Este enfoque pragmático también incluye la eliminación de organismos estatales redundantes, la digitalización de trámites y la creación de una plataforma web llamada "Reporta la Burocracia", donde los ciudadanos pueden informar sobre regulaciones que dificultan la actividad económica. Dicha herramienta, similar a la "Línea Abierta contra la Hiperregulación" de la Comunidad de Madrid, recibió 1.200 comunicaciones en sus primeras seis horas de funcionamiento.
Con el Decreto 90/25, el Gobierno de Milei refuerza su compromiso con un modelo de menor intervención estatal y un mayor protagonismo del sector privado, en una apuesta por hacer de Argentina una economía más libre y un país más competitivo y atractivo para la inversión. En 2024, el gobierno de Milei puso en marcha 672 medidas de desregulación, de las cuales 331 se tradujeron en la abolición de las disposiciones en cuestión y 341 condujeron a la modificación de reglas que ahora suponen una carga mucho más liviana.