El gobierno de Javier Milei continúa con su agenda de reformas para desmantelar el modelo corporativista que ha dominado la economía argentina durante décadas. Con la firma del presidente Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, el Decreto 149/2025 pone fin a una de las prácticas más opacas del sistema sindical argentino: la imposición de contribuciones obligatorias a trabajadores y empresas para financiar coactivamente a las centrales de trabajadores, con independencia de si el asalariado en cuestión está afiliado o no a las mismas.
El decreto, impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, prohíbe que los convenios colectivos de trabajo incluyan cláusulas que obliguen a trabajadores que no están afiliados a un sindicato a contribuir económicamente a tales organizaciones. De esta forma, solamente aquellos trabajadores que forman parte de un sindicato pueden ver retenida una parte de su sueldo para financiar a los equivalentes argentinos de UGT o CCOO.
Asimismo, con el Decreto 149/2025, el gobierno de Milei elimina la posibilidad de que los empresarios sean forzados a aportar sus recursos a organizaciones creadas por los sindicatos o cámaras patronales con las que no deseen estar vinculados. Hasta ahora, estas cargas operaban como una suerte de "impuestos privados", puesto que la ley facultaba a los convenios colectivos para imponer estas cargas a empresas y trabajadores.
En Argentina, los convenios colectivos han sido utilizados desde hace décadas para imponer estas cargas. La Ley 14.250, impulsada en 1953 por Juan Domingo Perón, estableció el marco para que las negociaciones salariales incluyeran distintos pagos obligatorios en beneficio de los sindicatos. Con el paso del tiempo se fueron incluyendo cláusulas adicionales para seguir inflando la financiación de estas estructuras. Entre los mecanismos que han permitido este esquema están los aportes obligatorios a "institutos de formación", amén de muchos otros organismos que, en la práctica, se han convertido en nuevas herramientas de financiación de lo que Milei define como la "casta sindical".
Además, en la medida en que las organizaciones patronales han participado de algunas de estas acciones, el gobierno también ha cargado contra dichos gremios, alegando que, si de verdad quieren defender la actividad empresarial, deben abstenerse de imponer este tipo de obligaciones a los trabajadores y comportarse, en la práctica, como la otra cara de la moneda del modelo de financiación sindical que ahora pretende desmontar el gobierno liberal.
Según ha explicado Sturzenegger, "el impacto de estas contribuciones es enorme. Solamente en el sector del comercio, estas cargas alcanzaban los 6.000 millones de pesos mensuales (unos 5 millones de euros). Ese coste lo terminaban pagando todos los argentinos cada vez que compran en un negocio, así como los trabajadores, en forma de salarios más bajos". Ahora, en virtud del Decreto 149/2025, Milei y su equipo ponen fin a un privilegio que vulneraba la libertad de asociación y elevaba artificialmente los costes laborales y empresariales. En adelante, cualquier aportación a sindicatos o asociaciones empresariales deberá ser estrictamente voluntaria.