La Fundación Civismo ha publicado un estudio titulado Ley de Vivienda: Dos años después en el que pone de manifiesto cómo la combinación de una demanda creciente, una oferta insuficiente y una regulación tremendamente restrictiva ha agravado sobremanera la crisis de acceso a la vivienda en España.
"La oferta insuficiente de vivienda en alquiler y propiedad y la escasez de suelo urbanizable han generado un mercado cada vez más tensionado, afectando especialmente a los sectores más vulnerables", explica el informe, en el que se evalúan los dos primeros años de aplicación de la nueva regulación. El documento estima que el precio del alquiler en España ha subido un 13,2% en el último año, reflejando tanto la escasez de oferta como el aumento de la demanda.
Según el think tank, "las políticas que priorizan la "función social de la propiedad" por encima del derecho a la misma han provocado un descenso de la oferta de vivienda en alquiler. En consecuencia, los propietarios han optado por modelos de arrendamiento más flexibles y menos regulado. En Barcelona, por ejemplo, el 30% de los contratos de alquiler firmados en el último año corresponden a este tipo de modalidades temporales, mientras que en Madrid representan ya el 15% y en Málaga y Valencia suponen el 13% del total".
"El aumento de la población, derivado principalmente de los flujos migratorios y la concentración en ciertas áreas geográficas, ha sido clave en la escalada de precios de la vivienda. Según el INE, España ha ganado 1,1 millones de habitantes entre 2021 y 2024, mientras que el número de hogares ha crecido en más de 259.000 unidades anuales. De mantenerse esta tendencia y considerando los bajos niveles actuales de construcción, se estima que en 2035 España necesitará 2,5 millones de nuevas viviendas" advierte el estudio.
Sin embargo, "en España se construyen entre 80.000 y 100.000 viviendas al año, una cifra muy por debajo de la necesidad real, que obligaría a producir de 230.000 a 250.000 nuevas viviendas cada año". Estamos, pues, más de un 60% por debajo de los niveles de equilibrio.
El intervencionismo urbanístico tiene mucho que ver con esta circunstancia: "La falta de suelo urbanizable ha disparado los precios de las parcelas en zonas con alta demanda". A esto hay que sumarle otros factores, "como el encarecimiento de los materiales y la escasez de mano de obra cualificada, lo que reduce la viabilidad de nuevos desarrollos residenciales".
La farsa de la "vivienda social"
Aunque el gobierno de España afirma que la "vivienda social" o "protegida" será la solución a esta problemática, lo cierto es que esta rúbrica también está bajo mínimos. En el agregado, supone un 2,5% del parque de vivienda, lejos del 9,3% observado en la Unión Europea, y el ritmo de construcción ha menguado de 97.000 en 2006 a 12.300 en 2023.
Los anuncios estrella del Ejecutivo tampoco han alterado esta circunstancia: "en abril de 2023, durante la campaña electoral, el Gobierno anunció un plan para movilizar 184.000 viviendas asequibles. Sin embargo, hasta la fecha no se ha construido ninguna de ellas y las pocas viviendas existentes que se han destinado al alquiler social representan menos del 50% de lo prometido".
Por último, Civismo alerta de que "la falta de relevo generacional en el sector de la construcción está agravando la crisis de producción de vivienda. En 2007 había 2,68 millones de trabajadores en el sector, mientras que en 2023 la cifra cayó a 1,5 millones, a pesar del aumento de la población".