El pasado 14 de marzo el partido Sumar de Yolanda Díaz registró en el Congreso de los Diputados una proposición de ley "para la imposición progresiva y equitativa de las cuantías de las sanciones de tráfico", con el objetivo de que la cuantía de una multa por una infracción en carretera sea mayor conforme también sea mayor la renta del infractor.
De esta forma, según la formación rosa, se conseguiría que aquellos ciudadanos más ricos se tomaran en serio las leyes de tráfico y respetaran las normas, pues al parecer no lo estarían haciendo en la actualidad ya que las multas económicas apenas les afectarían, debido a lo bajas que son para ellos.
"Es necesaria la regulación en la progresividad de las multas fundamentalmente porque el carácter disuasorio de las mismas se ve atenuado si el nivel de renta del infractor hace que la cuantía sea irrisoria, por lo que parece justo y razonable que se establezcan mecanismos de progresividad en las cuantías de las sanciones para que lo que abone cada infractor sea equitativo respecto a su nivel de renta. Es evidente que el efecto de disuasión y la finalidad de concienciar sobre el hecho punible no será el mismo con una multa de 500 euros para una persona que cobre 1.100 mensuales, que para otra que cobre 10.000 en el mismo período de tiempo", se puede leer en el documento presentado por Sumar.
Para tratar de justificar esta ley que tratan de impulsar, Sumar se apoya en que esto ya se estaría haciendo en otros países de nuestro entorno europeo. Según ellos, el sistema de multas progresivas llegó a Europa por primera vez en Finlandia en el año 1921, aunque también esta sería una práctica que se estaría llevando a cabo en países como Suecia, Dinamarca, Suiza o Reino Unido, cada una de las legislaciones con sus matices y diferencias.
¿Qué cambios introduciría esta ley?
"Se incrementarán siempre las sanciones de acuerdo con la capacidad económica del infractor, incremento que se realizará de manera ponderada de la siguiente forma:
a) En un 150 % para los infractores sancionados cuyos ingresos brutos anuales se sitúen entre los 70.000 y los 85.000 euros.
b) En un 300 % entre los infractores sancionados cuyos ingresos brutos anuales entre los 85.000 y los 100.000 euros.
c) En un 500 % para los infractores sancionados cuyos ingresos brutos anuales superiores a los 100.000 euros."
Estos nuevos baremos harían que, por ejemplo, una multa de 300 euros para una persona con unos ingresos brutos anuales de entre 70.000 y 85.000 euros pasase a ser de 750 euros en lugar de esos 300 euros, o que una persona con ingresos brutos anuales superiores a 100.000 euros que actualmente fuese castigada con una multa de 300 euros, pasase a pagar 1.800 euros con esta ley que quiere sacar adelante Sumar.
Desde la formación de izquierdas se alega que esto tendría un efecto disuasorio para los infractores ricos, aunque no parece que el aumento que se pretende realizar marque una diferencia tan abismal como se nos quiere hacer creer. Por otro lado, este tipo de sanciones no hacen mención alguna al patrimonio, algo que resulta extraño teniendo en cuenta que es una ley que se quiere crear para ir contra los ricos.
Más allá de si esta medida tendría algún tipo de mayor impacto entre los ciudadanos más adinerados y, con ello, se producirían menos accidentes o menos infracciones, lo que está claro es que desde Sumar se aprovecha cualquier mínima circunstancia para tratar de aumentar la recaudación fiscal y que mejor forma de hacerlo que apelando a "los ricos".