Teresa Ribera vuelve a estar en el centro de la polémica. La ex vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ahora comisaria europea para la Transición Energética prometió ante el Parlamento Europeo que procedería a abstenerse ante cualquier tipo de expediente de competencia relacionado con España.
Sin embargo, en Bruselas crecen las sospechas de que no ha cumplido su palabra en el conocido como "caso Antin", una disputa internacional que condena a nuestro país al pago de 101 millones de euros por los recortes retroactivos a las primas renovables. Este caso resulta especialmente relevante, porque España se ha negado a pagar la indemnización prevista por el tribunal del Banco Mundial, al igual que ha hecho con otros 24 laudos, hasta acumular impagos por valor de más de 1.836 millones con empresas como E.ON, EDF, NextEra o Antin.
Mientras Ribera formaba parte del gobierno de Sánchez, nuestro país no solamente ha recurrido los fallos e intentado anularlos, sino que también ha presionado a Bruselas para que declare que el pago de las indemnizaciones constituiría una ayuda de Estado ilegal, lo que bloquearía su desembolso. Es ahí donde entra en juego el papel que Ribera juega ahora en Bruselas.
Así, el pasado 12 de noviembre de 2024, durante su audiencia de confirmación en el Parlamento Europeo, Teresa Ribera se comprometió públicamente a no participar en expedientes que afectaran directamente a España. Sin embargo, fuentes jurídicas de las empresas afectadas apuntan que Ribera se ha negado a certificar por escrito que se ha abstenido en el proceso. Así, el gabinete de la socialista española no ha respondido a ninguna de las solicitudes formales que pedían esa confirmación por escrito.
La sospecha que rodea a Ribera queda reforzada por la rapidez con la que la Comisión Europea ha tomado la decisión definitiva sobre este expediente puesto que apenas dos semanas antes de la resolución emitida hoy, dos de las más altas funcionarias de la Dirección General de Economía y Finanzas de la Comisión Europea se reunieron con los abogados de los inversores y reconocieron no estar al corriente del caso.
Esto significa que, tras más de cuatro años abierto, este proceso habría sido resuelto por Bruselas en apenas dos semanas – y todo coincidiendo con el desembarco en Bruselas de Ribera.
Un caso relevante y decenas de laudos pendientes
El "caso Antin" no es un expediente más. Su resolución puede influir en decenas de arbitrajes pendientes y valorados en 1.836 millones de euros una vez se toman en cuenta los montos de indemnización concedidos, los intereses de demora, las condenas en costas y otros desembolsos asociados a la estrategia de impagos que ha seguido el gobierno de Sánchez.
Por eso, las sospechas de injerencia política han desatado las alarmas entre los inversores internacionales, que advierten de que este tipo de maniobras "vulneran el principio de seguridad jurídica y dañan la reputación institucional de la Unión Europea". Frente a la actitud tranquila y diligente de la anterior comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, que conocía bien los riesgos legales del asunto, la actuación de Ribera parecería haber inclinado la balanza en favor de su país de origen y en contra de las empresas a las que su ministerio decidió dejar miles de millones de euros pendientes de pago.