Un juez federal de Washington D.C. ha vuelto a fallar en contra de España y ha rechazado su intento de mantener la suspensión de un litigio que busca la ejecución de un laudo arbitral por 77 millones de euros (80 millones de dólares). Se trata de un nuevo golpe judicial contra el gobierno de Pedro Sánchez, que sigue tratando de eludir el pago de indemnizaciones derivadas de la retirada retroactiva de las primas renovables. Esta decisión refuerza la posición de los más de 50 inversores extranjeros afectados por el recorte retroactivo de incentivos en el sector energético, un sector en el que llegaron a inyectarse más de 70.000 millones de euros.
El caso Watkins ya sentó un precedente clave en la batalla legal que estos inversores mantienen contra España en EEUU. A finales de 2023, el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia rechazó los argumentos del Estado español y confirmó la validez del laudo, obligando a su ejecución. La firma Watkins Holdings, al igual que otros inversores en energías renovables, denunció que España modificó unilateralmente el marco regulatorio y suprimió de forma retroactiva los incentivos prometidos, afectando gravemente la rentabilidad de sus inversiones.
La sentencia de Watkins dejó claro que los tribunales estadounidenses no iban a aceptar las estrategias dilatorias del gobierno español para esquivar estos pagos. El fallo fortaleció la posición de los demandantes en otros casos similares, facilitando la ejecución de indemnizaciones en EEUU, a pesar de los recursos y apelaciones interpuestos por España. Ahora, el litigio en EEUU se canaliza a través de Blasket Renewable Investments, que sigue adelante con el proceso de ejecución.
A nivel internacional, España acumula ya más de 20 laudos arbitrales en contra derivados de los cambios normativos en las renovables. Las indemnizaciones a pagar superan los 1.478 millones de euros, cifra a la que hay que añadir 352 millones adicionales en sobrecostes financieros y gastos legales. Tribunales en Australia, Bélgica, Reino Unido y EEUU. han desestimado una y otra vez los intentos de España de eludir estos pagos, al igual que han hecho Alemania y Suiza en otros litigios relacionados.
Pese a los precedentes en su contra, el gobierno de Pedro Sánchez sigue tratando de bloquear la ejecución de los laudos con el argumento de la inmunidad soberana y cuestionando la jurisdicción de los tribunales extranjeros. Sin embargo, las decisiones judiciales más recientes evidencian un patrón claro: la Justicia estadounidense prioriza el respeto a la seguridad jurídica y rechaza los intentos de España de prolongar el proceso para evitar el cumplimiento de sus obligaciones.