La Unión Europea y Tailandia van a retomar esta semana las negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio para reducir o derogar los aranceles en las importaciones y exportaciones. Sin embargo, los pescadores españoles y la industria conservera exigen que el atún quede excluido de las conversaciones con Bangkok.
El atún en es el pescado más consumido en la UE (unos 2,96 kilos per cápita, según un estudio de 2024 del Observatorio Europeo del Mercado de la Pesca y la Acuicultura). Sólo de atún blanco, España tuvo asignada una cuota de 22.361 toneladas, lo que supone el 62,4% de las capturas totales de la UE en 2024, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Frente a esto, Tailandia "es el mayor productor y exportador mundial de atún, con una producción anual de aproximadamente 470.000 toneladas de atún enlatado y preparado" y que actualmente se exporta un promedio de 10.000 toneladas a la UE cada año, sujetas a un arancel del 24%, según recuerda Europêche, el organismo que representa a la industria pesquera europea.
La misma organización ha señalado que, si el futuro acuerdo de libre comercio incluyera los productos de atún, "la derogación de estos impuestos provocaría automáticamente una afluencia masiva de importaciones, dado el considerable potencial exportador del sector tailandés".
La cuestión es que el sector atunero y la industria conservera española no están dispuestos a competir contra Tailandia y el argumento que esgrimen es el mismo que el de los agricultores y ganaderos que se oponen a Mercosur: las exigencias medioambientales de Bruselas lastran la competitividad de los productores europeos.
Más calidad. Más costes
En concreto, el sector ve "un grave riesgo" que supone la "apertura arancelaria" a países como Tailandia "sin las suficientes garantías de cumplimiento de la legislación comunitaria". Y añaden que la flota europea de cerqueros atuneros "es reconocida como un modelo de sostenibilidad y responsabilidad" y "cumple cuotas estrictas", además de estar constantemente monitorizada y aplicar un riguroso control y supervisión.
El presidente de Europêche Tuna Group, Xavier Leduc, explicó que "los lomos y las latas de atún procesados en Tailandia, procedentes de pesquerías asiáticas de baja calidad, representan una amenaza directa para las flotas europeas sostenibles, que afrontan costes más elevados debido a sus rigurosos controles, estándares sociales y ambientales".
Europêche también se ha referido al cierre en 2024 de dos empresas (Via Océan, antes Saupiquet, y Nicra 7) que "deben competir en aguas y mercados internacionales con flotas extracomunitarias que no respetan las mismas normas, o incluso practican la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada".
Por este motivo, el sector insiste en que el atún debe estar fuera del acuerdo de libre comercio con Tailandia, lo que a su vez supone hurtar a los europeos su libertad para elegir libremente el pescado que desean consumir en función de su paladar o su capacidad adquisitiva. Sin embargo, la auténtica cuestión de fondo es la legislación europea, que hace imposible la competencia entre empresas en igualdad de condiciones y obliga a los productores europeos a luchar con un brazo atado a la espalda.