Los ciudadanos han estado a punto de enfrentarse a otra nueva subida de cotizaciones sociales. El pasado mes de marzo, tuvo lugar la que iba a ser la evaluación más importante de la reforma de pensiones del anterior ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Se trataba del examen de la Airef.
El análisis de este organismo independiente era tan relevante porque, como las cuentas del Gobierno no convencían a Bruselas, el Ejecutivo se vio obligado a incluir una "clausula de cierre" que la Airef podría activar si llegaba a la conclusión de que la reforma de Escrivá no estaba contribuyendo a garantizar la reforma de pensiones. Si la Airef llegaba a poner en marcha la "cláusula de cierre", el Gobierno se vería obligado a subir cotizaciones o a recortar las pensiones, aunque todo apuntaba a que sería la primera opción
Sin embargo, el Ejecutivo de Sánchez publicó en el BOE los criterios clave que debería seguir la Airef para realizar su propia evaluación. Es decir, era el examinado el que le daba las instrucciones al examinador para llevar a cabo el análisis, lo que resultó muy polémico.
Finalmente, podemos decir que el resultado de la evaluación ha sido el de un aprobado raspado, porque la Airef ha determinado que no hay que activar esa subida de cotizaciones extra, aunque lo ha hecho criticando la metodología que el Gobierno le ha obligado a seguir.
La cláusula de salvaguarda se activaría si el gasto neto previsto en pensiones, tras descontar los ingresos extra generados por la reforma, superaba el 13,3% del PIB en promedio entre 2022 y 2050. Casualmente, ha quedado en el 13,2%.
Recientemente, Fedea se ha sumado "a las bien fundadas dudas de la Autoridad Fiscal sobre la situación financiera del sistema de pensiones español y plantea algunas objeciones a la forma en la que se ha aplicado la cláusula de cierre".
Además, ha criticado que el Gobierno haya actuado como "juez y parte" del examen "regulando algunos detalles importantes de los cálculos necesarios a estos efectos". De hecho hay tres puntos de este "maquillaje contable" sobre los que carga Fedea:
1) "Permite incluir ingresos adicionales provenientes de transferencias del Estado no destinadas a prestaciones no contributivas".
2) "Aplica una corrección al alza a las proyecciones de PIB del Informe de Envejecimiento (IE) que publica la Comisión Europea desde 2024 en adelante que podría ser excesivamente optimista".
3)"Parte de una condición de sostenibilidad muy discutible que genera una especie de ilusión monetaria al no tener en cuenta la evolución de los ingresos del sistema. Obsérvese que una décima de punto arriba o abajo habrían cambiado el resultado del examen, lo que choca con la optimista visión del Gobierno sobre la salud financiera del sistema".
De hecho, según los cálculos de Fedea, el Gobierno sí que tendría que haber aplicado esa cláusula de cierre.
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