El Gobierno ha logrado un aprobado raspado en el examen de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) a la reforma de pensiones que aprobó el anterior ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.
Cabe recordar que el Gobierno se comprometió con Bruselas a llevar a cabo una reforma con el objetivo de equilibrar las cuentas del sistema. Sin embargó, el plan de Escrivá no contemplaba ni una sola reducción del gasto para disminuir el agujero del Estado (de hecho, lo aumentaba) y optaba únicamente por subir los impuestos a través de varias fórmulas de incrementos de cotizaciones sociales.
Por tanto, desde su aprobación en 2023, una lista infinita de organismos y analistas han venido denunciando que la reforma de pensiones del Gobierno era irresponsable a nivel financiero, atacaba la contributividad del sistema y penalizaba todavía más a la economía productiva.
Más impuestos o recortes
Sin embargo, ahora ha tenido lugar la que iba a ser la evaluación más trascendental sobre este asunto: la de la Airef. Este organismo independiente publicó ayer lunes la primera revisión de la reforma de Escrivá. El examen de la Airef era tan relevante porque, como las cuentas del Gobierno no convencían a Bruselas, el Ejecutivo se vio obligado a incluir una "clausula de cierre" que la Airef podría activar
El organismo que dirige Cristina Herrero sería el encargado de evaluar cada tres años todas las medidas aplicadas por el Gobierno para garantizar la sostenibilidad de las pensiones. Si resultaban insuficientes (lo más probable), el Ejecutivo de Pedro Sánchez tendría que cumplir con esa "clausula de cierre" activada por la Airef que obligaba a realizar los siguientes ajustes volver a subir todavía más las cotizaciones sociales, incrementar otro tipo de impuestos o hacer recortes.
El Gobierno neutraliza a la Airef
Sin embargo, el pasado mes de febrero tuvo lugar el primer intento del Gobierno para hacerse con el control del examen de la Airef a su reforma. El Ejecutivo de Sánchez publicó en el BOE los criterios clave que debería seguir la Airef para realizar su propia evaluación. Es decir, era el examinado el que le daba las instrucciones al examinador para llevar a cabo el análisis, lo que resultó escandaloso
Un ejemplo de estas instrucciones es que el Gobierno le imponía a la Airef que considerase la transferencia de los presupuestos públicos a la Seguridad Social como un ingreso del sistema: "Tendrá la consideración de ingreso del sistema de la Seguridad Social la transferencia del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social". Por tanto, teniendo en cuenta de que las transferencias del Estado pagan ya un cuarto del gasto en pensiones y que su uso por parte del Gobierno de turno supone un truco contable para reducir el déficit oficial del sistema de pensiones, considerar las transferencias como un ingreso estaría neutralizando el examen de la Airef. Y así ha sido.
Las incoherencias
El punto principal que la Airef tenía que comprobar era "el impacto de las medidas de ingresos en el promedio de 2022-2050 y comprobar si el gasto estimado para ese mismo período en el Informe de Envejecimiento de la Comisión Europea menos el impacto de las medidas supera o no el 13,3% del PIB". Si ese gasto supera ese 13,3%, se activaría la "clausula de cierre".
Sin embargo, casualmente, se ha quedado en el 13,2%, según ha determinado la Airef, por lo que este organismo "constata el cumplimiento de la regla de gasto en pensiones", lo que no obligará al Gobierno a mover un dedo por equilibrar el sistema.
En el informe, la AIReF constata que las previsiones de la Comisión Europea, actualizadas con los datos observados en 2022 y 2023, sitúan el gasto en pensiones en el 14,6% entre 2022 y 2050 y estima que las medidas de ingresos establecidas por el Gobierno ascienden al 1,4%, por lo que el Gobierno aprueba quedándose en el 13,2%. En la siguiente tabla se observan todos los aumentos de cotizaciones (autónomos, por subida del SMI, por el MEI...) que dan por buenas la Airef, incluidas las transferencias, que también es un ingreso, según el Gobierno.
A pesar de que el Gobierno obtiene el visto bueno de la AIReF para no tomar medidas, resulta muy llamativo, e incluso contradictorio, que este organismo realice después una crítica importante tanto a la reforma de pensiones como a los criterios que se ha visto obligada a seguir en la evaluación. "El informe es demoledor para el Gobierno en muchos puntos, pero resulta incoherente que la Airef no active la cláusula de cierre porque el mensaje es: que la reforma no mejora la sostenibilidad del sistema, pero dices que no hay que hacer nada" señala el economista de Fedea, Miguel Ángel García Díaz. "Al final, la Airef tira por el camino del medio: alerta de que va a haber déficit, de que el gasto aumenta, pero le compra que la subida del SMI va a generar X ingresos por cotizaciones, así como las de la reforma de los autónomos" añade.
Según la Airef, existen "importantes debilidades metodológicas en la definición de la regla de gasto, ya que está influenciada por el momento en el que se calcula, muestra una excesiva sensibilidad a los cambios y ofrece una visión parcial de la sostenibilidad". Por tanto, considera "que no constituye un indicador de sostenibilidad y merma su capacidad de supervisión y su independencia", lo que resulta muy grave.
Por todo ello, la Airef alerta de que "la sostenibilidad del sistema no ha mejorado y estima un crecimiento del gasto en pensiones de 3,4 puntos de PIB hasta 2050, frente a los 3 puntos porcentuales que estimaba hace dos años". Además, pronostica que "será necesario aumentar las transferencias procedentes del resto de los Fondos de la Seguridad Social o de la Administración Central en 2,4 puntos de PIB".
"Este incremento, en ausencia de medidas, supondrá una minoración de los recursos disponibles para la financiación de otras políticas de gasto o el recurso al endeudamiento, lo que parece difícil de compatibilizar con las exigencias y compromisos derivados de los marcos fiscales europeo y nacional" sentencia el informe.
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