El Gobierno pone coto a la Airef. El pasado martes, el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó en Consejo de Ministros las instrucciones de cómo este organismo independiente tiene que llevar a cabo la primera revisión de la reforma de pensiones de José Luis Escrivá.
La norma, en formato Real Decreto, ya está en el BOE, aunque el Gobierno no ha querido hacer mucho ruido con su publicación. Ni alusiones ni explicaciones. El hermetismo ha sido tan llamativo como que sea el Gobierno (al que van a evaluar) el que dicte las normas de evaluación.
"El examinado pone la regla al examinador"
"No tiene lógica que el examinado ponga las reglas al examinador" señala a Libre Mercado el Profesor economía aplicada de la URJC e investigador asociado Fedea, Miguel Ángel García.
Cabe recordar que, a cambio de los suculentos fondos europeos, el Gobierno se comprometió con Bruselas a elaborar una reforma de las pensiones que garantice la "sostenibilidad" de un sistema que hace aguas.
La sorpresa llegó cuando el Gobierno, con Escrivá a la cabeza, aprobó una reforma que no contempla una sola reducción del gasto para reducir el agujero del Estado (de hecho, aumenta la partida) y optó únicamente por subir los impuestos a través de varias fórmulas de incrementos de cotizaciones sociales.
Una de esas subidas de cotizaciones es la del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), estrenado en 2023 y que consiste en un aumento de las cotizaciones sociales cada año y cada vez mayor (hasta los 1,2 puntos al año) para los más de 21 millones de empresas, trabajadores y autónomos del país.
Sin embargo, como las cuentas del Gobierno no convencían a Bruselas, el Ejecutivo se vio obligado a incluir una "clausula de cierre" que tendría que fiscalizar la Airef "a partir de marzo de 2025, con una periodicidad trianual". Esa "clausula de cierre" tiene tres escenarios, y en caso de que se produzca algún exceso en alguna de estas tres situaciones, se activa.
• Si el impacto anual medio de las medidas de ingresos es igual al 1,7% del PIB, la AIReF comprobará que el gasto medio bruto público en pensiones en el periodo 2022-2050 del último Informe de Envejecimiento no supere el 15% del PIB.
• Si el impacto anual medio de las medidas de ingresos durante el periodo 2022-2050 es superior al 1,7% del PIB, la AIReF comprobará que el gasto medio bruto público en pensiones en el periodo 2022-2050 del último Informe de Envejecimiento no supere el 15% del PIB más la diferencia entre el impacto medio anual estimado de las medidas y 1,7%.
• Si el impacto anual medio de las medidas de ingresos durante el periodo 2022-2050 es inferior al 1,7% del PIB, la AIReF comprobará que el gasto medio bruto público en pensiones en el periodo 2022-2050 del último Informe de Envejecimiento no supere el 15% del PIB menos la diferencia entre el impacto medio anual estimado de las medidas y 1,7%.
Dicho de otra forma, la Airef tendría que constatar que el gasto neto estimado en pensiones del periodo 2022-2050 no supera el 13,3% del PIB.
El organismo que dirige Cristina Herrero sería el encargado de evaluar la todas las medidas aplicadas por el Gobierno, y si resultaran insuficientes (lo más probable), el Ejecutivo de Pedro Sánchez se comprometía a volver a subir todavía más las cotizaciones sociales, a incrementar otro tipo de impuestos o a hacer recortes.
"Y cumplir la clausula de cierre no es llegar al equilibrio en el sistema de pensiones, es evitar que el agujero se haga más grande" apunta García.
En caso de no lograr un consenso sobre qué medidas se deberían adoptar o (habría que contar, por ejemplo, con sindicatos que se negarían a recortar), se subiría automáticamente la cotización el MEI perjudicando a empresas y trabajadores, y por ende, al sistema productivo nacional.
Sin embargo, con el sorpresivo texto publicado esta semana en el BOE, el Gobierno arrebata a la Airef parte de su autonomía para realizar esa evaluación.
Por un lado, el Gobierno decide que "tendrá la consideración de ingreso del sistema de la Seguridad Social la transferencia del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social". Así, teniendo en cuenta de que las transferencias del Estado pagan ya un cuarto del gasto en pensiones y que su uso por parte del Gobierno de turno supone un truco contable para reducir el déficit oficial del sistema de pensiones, podemos entender que el Gobierno podría obtener ingresos infinitos para neutralizar el examen de la Airef. En 2023, las transferencias superaron los 52.000 millones.
Una vez analizado el texto del BOE, García sospecha que con la redacción, el Gobierno podría estar planeando sacar los polémicos "gastos impropios" del análisis, como las pensiones no contributivas, una opción que los políticos llevan años discutiendo, pero que tampoco lograría enderezar los números a pesar del efecto maquillaje.
"A pesar de que las previsiones de gastos no cuadran (serán mayores), a que los retrasos voluntarios en la jubilación tampoco serán los previstos por Escrivá, a que habrá más déficit que el comprometido, a que las previsiones de Escrivá contienen datos sesgados y parciales, el Gobierno con este texto está presionando a la Airef para vender la idea de que el sistema está garantizado y que no necesita penalización al trabajo" concluye García.
Teniendo en cuenta que el Gobierno está en récord de ingresos por cotizaciones, y que se ha producido un bombardeo de subidas en esta materia, cabría preguntarse por qué ahora se niega a subirlas todavía más. La respuesta podría ser, simplemente, la de no anotarse un nuevo descrédito a nivel internacional. Falta un mes para conocer el examen de la Airef.
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