
Un nuevo informe del Instituto Ostrom, titulado "Mitos y realidades del declive económico catalán", pone de manifiesto las causas que han propiciado un desgaste progresivo de la posición de liderazgo que antaño ostentaba la comunidad autónoma hoy presidida por Salvador Illa. Quizá el dato más impactante del estudio es el que refleja la evolución del PIB per cápita de la región, una métrica que permite apreciar con claridad el cambio a peor que han supuesto las políticas económicas adoptadas por la Generalitat en las dos últimas décadas.
En el siguiente gráfico podemos ver que este indicador se situaba un 15% por encima de la media europea al final de la Era Aznar y al comienzo del periodo de gobierno de Rodríguez Zapatero. Desde entonces, Cataluña ha perdido peso y, desde 2012, coincidiendo con el adiós de ZP y la llegada al poder de Mariano Rajoy, su PIB per cápita está por debajo del promedio comunitario. En los años de Rajoy, no obstante, Cataluña volvió a superar este umbral ligeramente, circunstancia que llega a su fin en 2019, una vez la jefatura de gobierno queda en manos del actual presidente, Pedro Sánchez, bajo cuyo mandato se ha observado un descenso que ha situado a la región cerca de un 10% por debajo de la media europea.

Conocido es también el "sorpasso" de Madrid a Cataluña en términos de la aportación de ambas regiones al PIB. El siguiente gráfico muestra la evolución del peso relativo de las dos comunidades sobre el conjunto de la economía nacional, poniendo de manifiesto el estancamiento catalán y resaltando la pujanza del modelo madrileño.

Desde 1978, el tamaño de Cataluña se ha multiplicado por 2,64, creciendo por encima de la media (x2,71) y un 20% por debajo de la expansión que ha experimentado Madrid (x3,29). Todo esto ha hecho que, si bien el Valor Añadido Bruto de Cataluña era un 20% mayor que el de Madrid a mediados del siglo XX y un 15% más alto en los años 80, hoy esta situación se ha invertido y el VAB de la región está un 5% por debajo de los niveles observados en Madrid.

El estudio, firmado por Santiago Calvo, muestra que el gasto público no financiero alcanza en Cataluña los 5.500 euros por habitante, frente a una media de 5.000 euros. Además, la presión fiscal es la cuarta más alta del mapa autonómico. Pese a esta abundancia de ingresos públicos, el tiempo medio de espera en intervenciones quirúrgicas es de 131 días, frente a una media nacional de 112. En cuanto a la educación, Cataluña alcanza el puesto 14 en el Informe PISA de la OCDE, solamente por delante de Castilla-La Mancha, Andalucía y Canarias. Además, Cataluña tiene la segunda tasa de criminalidad más alta, solamente superada por Baleares.
Hay otro problema evidente que afecta a la economía catalana: a saber, el pobre desempeño en lo tocante a la calidad de sus instituciones. El Índice Europeo de Calidad de Gobierno publicado en 2021 asignó a Cataluña la peor nota de todo el mapa autonómico español, con un resultado de -0,7. En 2017, esta nota era de -0,3, de modo que la evaluación ha ido a peor con el paso del tiempo.
El documento del Instituto Ostrom apunta asimismo que "Cataluña dispone de una financiación a competencias homogéneas por habitante ajustado de 100,9. Desde el año 2002, Cataluña registra un índice de financiación efectiva igual al promedio de las comunidades de régimen común". Además, "ha recibido hasta 140.000 millones a través del Fondo de Liquidez autonómica y del Mecanismo de Pago a Proveedores". Por otro lado, el stock de capital neto en infraestructuras públicas es más alto en Cataluña que en cualquier otro territorio autonómico: alcanza un 15,59%, frente al 15,22% andaluz, el 10,11% madrileño o el 9,29% castellano-leonés.
El estudio llama asimismo la atención sobre el deterioro de la confianza social en Cataluña. Cuando se pregunta a los ciudadanos si "se puede confiar en la mayoría de la gente", el resultado de la Encuesta Mundial de Valores arroja un 49,8% de acuerdo en el caso de Madrid, pero apenas un 35,8% para Cataluña.
Reflexiones
En opinión de Santiago Calvo, "la economía catalana enfrenta un contexto institucional y político que ha limitado su capacidad de crecimiento y competitividad. La carga regulatoria excesiva, la incertidumbre derivada de la gestión pública y la polarización política han debilitado el dinamismo productivo. La excesiva proliferación de regulaciones, sumada al predominio de políticas dirigidas a restringir mercados y redistribuir recursos de manera ineficiente, refleja una visión de la economía como un juego de suma cero. Esta mentalidad, en la que las ganancias de unos se perciben inevitablemente como pérdidas de otros, contrasta con las experiencias exitosas de economías que han priorizado un enfoque de suma positiva, donde las instituciones promueven la cooperación y la creación de valor".
"Además, las políticas orientadas a proteger ciertos intereses locales han creado una economía más cerrada y menos competitiva. Por ejemplo, el control de precios en el mercado del alquiler, lejos de mejorar la asequibilidad, ha reducido la oferta y generado efectos adversos en los grupos más vulnerables. Este patrón resalta la necesidad de instituciones que fomenten un mercado abierto y reglas claras, alejadas de la captura de rentas y el clientelismo, elementos que han predominado bajo el modelo de gobernanza actual", apunta el autor.
El contraste con la evolución económica de Madrid "evidencia la importancia de un enfoque institucional orientado hacia la competitividad y la reducción de cargas regulatorias. Mientras que Cataluña ha incrementado su carga impositiva y complicado su marco normativo, Madrid ha adoptado políticas que fortalecen su atractivo como destino de inversión y residencia. Este enfoque basado en la mejora de la calidad institucional y la promoción de la actividad económica como un juego de suma positiva permitirían mejorar sustancialmente el dinamismo económico catalán".
Así, "la lección que ofrece el caso catalán es clara: las instituciones deben canalizar la competencia hacia actividades productivas en lugar de extractivas. Esto implica rediseñar las políticas públicas y normativas para fomentar un entorno que premie la innovación y la creación de valor, en lugar de la manipulación política y la redistribución arbitraria. A menos que Cataluña reoriente su modelo hacia la construcción de un marco institucional más eficiente y menos intervencionista, su economía seguirá siendo vulnerable a las dinámicas de estancamiento y pérdida de competitividad observadas en las últimas décadas".
"En definitiva, el declive económico relativo de Cataluña subraya la importancia de abandonar el pensamiento de suma cero y adoptar un enfoque institucional que promueva el crecimiento inclusivo. La interrelación entre cohesión, confianza o capital social, certidumbre regulatoria y calidad institucional crea un círculo virtuoso que impulsa el desarrollo económico y social. Esta transformación requiere un compromiso con la estabilidad normativa, la reducción de la burocracia y la apertura de mercados, elementos esenciales para revitalizar la competitividad económica de la región y restaurar la posición de Cataluña como motor económico en España y Europa", concluye el estudio del Instituto Ostrom.