Mientras el Gobierno sigue minimizando el gran problema de la okupación que hay en España, siguen proliferando por todo el país decenas de "escuelas" de okupas que no solo presumen de hacerse con edificios que no son suyos, sino que, con total impunidad, enseñan a otros a hacer lo mismo.
El último ejemplo se encuentra en Carabanchel (Madrid), concretamente, en el número 60 de la calle Antoñita Jiménez, un bloque en riesgo de derrumbe que se erige ya como centro neurálgico de una organización que se dedica a okupar pisos de toda España, según confirma a Libre Mercado Ops2 Servicios, la empresa contratada por el dueño para investigar y desalojar a los okupas.
"Es una banda organizada de extrema izquierda que tiene muchos edificios okupados por toda España y que todos los fines de semana reúne a 200 o 300 personas", explica Rogelio Gómez. Según apunta, "hacen conciertos y fiestas con bebida, drogas y DJ" que, además, estarían funcionando a modo de escuela: "Hacen juntas, como las llaman ellos, para saber qué viviendas están vacías, gracias a listados de fondos de inversión, y ofrecen manuales y consejos sobre cómo okupar, cómo resistir un desalojo y cómo mantenerse dentro el mayor tiempo posible".
No en vano, ellos mismos lo ponen en práctica cada día. "Nosotros hemos intentado negociar con ellos e incluso les hemos ofrecido dinero para que se vayan, pero dicen que no van a aceptar ninguna de las condiciones y que esperarán a que llegue el juicio", apunta Rogelio, que, consciente de la impunidad que saborean los okupas, solo espera que las reformas legislativas que empiezan a entrar en vigor pongan coto de una vez por todas a esta situación.
Amenazas, destrozos e intentos de agresión
Mientras tanto, su labor se antoja prácticamente imposible. "Si nos acercamos, como tienen otros edificios okupados alrededor y tienen ojeadores las 24 horas del día en terrazas y ventanas, en menos de 20 minutos aparecen 100 o 200 personas y nos rodean. Nos han intentado destrozar el coche, agredir a los cámaras de televisión que nos acompañan y a mí, como mi teléfono está en internet, hasta me han metido en un grupo de WhatsApp de extrema izquierda para insultarme y amenazarme", denuncia el responsable de Ops2.
La misma actitud agresiva han tenido con policías y bomberos. Ante el inminente riesgo de derrumbe del edificio —del que sería responsable civil subsidiario el dueño del mismo—, han intentado mediar para que abandonen el bloque e incluso han acudido a cortarles la luz. "Vinieron, pero se dieron cuenta de que estaban con generadores —asegura Rogelio—. Y varios encapuchados empezaron a increpar a los bomberos, a arrojarles cosas desde la parte de arriba… Y nada, que de ahí no se movían". Y lo mismo ha sucedido con la Policía. "Han colaborado bastante con nosotros e incluso les han llegado a agredir o a intentar agredir también a ellos, pero los policías no pueden hacer absolutamente nada", dice con impotencia.
La impunidad de este tipo de "escuelas"
Si desalojar a los okupas que residen en un edificio es complicado, actuar contra las escuelas okupas es directamente una misión imposible. Así lo ponían de manifiesto varios expertos consultados por Libre Mercado cuando el año pasado salió a la luz la existencia de otra academia de este tipo que operaba con total impunidad en un local propiedad del Ayuntamiento de Sevilla.
"Moralmente no está bien, pero no tenemos forma de perseguirlo. A nivel policial, la okupación o la usurpación de inmuebles está claro que es un delito que está castigado en el Código Penal, pero no existe la apología sobre eso. Es decir, que el adoctrinar o el decir a la gente cómo tiene hacerlo no supone ningún tipo de infracción", lamentaba entonces Rubén M. Góngora, secretario de Organización del Sindicato Unificado de la Policía (SUP) en Andalucía.
Así lo corroboraba también José María Español, abogado experto en derecho inmobiliario y, a la fuerza, especialista en temas de okupación: "Como tal no está tipificado en el Código Penal y es una vergüenza". El letrado recordaba, además, que lo ahora estamos viendo en Madrid o en Sevilla, y que, tal y como se ha ido haciendo eco Libre Mercado ya sucede en otros tantos puntos de España, surgió precisamente en Cataluña, donde incluso "con Ada Colau los okupas recibían subvenciones". Allí, los talleres de cerrajería y electricidad para aquellos dispuestos a burlar la ley son una constante.
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