Mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez sigue empeñado en invisibilizar el grave problema de la okupación en España, cada vez son más las medidas que otros partidos y hasta los propios jueces ponen sobre la mesa para tratar de poner coto a esta lacra. Una "gran noticia", tal y como la describen desde la Plataforma de Afectados por la Ocupación (PAO), cuyo portavoz, Ricardo Bravo, lamenta, no obstante, que sean otros los que se tengan que movilizar "ante la inacción total del Gobierno con este tema".
Aun así, las víctimas se felicitan por las cinco medidas que solo en el último mes se han aprobado en diferentes ámbitos. A la entrada en vigor de los juicios rápidos que, a pesar de sus limitaciones, reducirá los plazos para que los particulares recuperen su vivienda, se suma la proposición de ley de Junts que el PSOE se ha visto obligado a tramitar y que plantea la expulsión de los okupas de patada en la puerta en 48 horas.
Además, tampoco hay que olvidar los dos grandes acuerdos alcanzados por los jueces de Barcelona y que podrían sentar un precedente para el resto de España: dejar de considerar delito de coacciones el hecho de que los propietarios corten o dejen de pagar los suministros a sus okupas, y la exigencia de actualizar los polémicos informes de vulnerabilidad que los inquiokupas llevan usando desde hace cinco años para evitar sus desahucios.
La quinta medida, y no menos importante, tiene que ver precisamente con este último fenómeno, del que, por primera vez, jueces y políticos empiezan a hablar abiertamente. Hace tan solo unos días, todas las comunidades gobernadas por el Partido Popular anunciaban su intención de exigir a Pedro Sánchez la creación de un registro de inquiokupación, lo que permitiría contar con cifras reales sobre una lacra que, según la PAO, eleva a 80.000 el número de víctimas en nuestro país.
Los juicios rápidos
La última medida que entraba en vigor el pasado jueves 3 de abril es la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que incluye dentro de los supuestos en los que deberá celebrarse un juicio rápido los delitos de allanamiento de morada y usurpación. Esto reducirá a 15 días el plazo para celebrar la vista oral de este tipo de delitos una vez que se tome una primera declaración al acusado y, aunque eso no significa que se vaya a poder echar a los okupas en dos semanas, beneficiará, sobre todo a los pequeños propietarios.
Los que tengan más de 10 viviendas, lo seguirán teniendo complicado. "No olvidemos que el lanzamiento para los grandes tenedores de vivienda se puede suspender si el okupa es una persona vulnerable. Es decir, que estamos mejor que ayer, pero esto no es ni muchísimo menos lo que necesitamos", apunta el abogado José María Español.
La reforma impulsada por Junts
Para el letrado, como para muchos jueces, la solución pasa por aprobar la expulsión de los okupas como medida cautelar, algo que ya propuso el verano pasado Vicente Magro, magistrado del Tribunal Supremo y autor de Cómo afrontar jurídicamente la ocupación ilegal de un inmueble: "El Colegio de Barcelona, Mataró y yo mismo hace tiempo presentamos una propuesta para crear un artículo en la ley procesal penal, el 544 sexies, que regule expresamente como medida cautelar la expulsión inmediata antes de 72 horas".
Según el juez, las escandalosas cifras de allanamientos y usurpaciones que se dan en nuestro país justifican más que de sobra esta medida. "Son 40 las okupaciones ilegales que se producen al día en España y que llegan a totalizar 16.000 delitos de okupación al año. Yo creo que este es uno de los temas más graves que existe en el país —subrayaba—. Y la respuesta más eficaz es lo que se está haciendo en el entorno europeo: la expulsión en 72 horas, con independencia de que luego se celebre un juicio y que se valoren las pruebas".
Afortunadamente, la medida ya está incluida en la proposición de ley de Junts contra la okupación que la semana pasada el PSOE se veía obligado a tramitar en el Congreso dentro de su particular programa de pagos a los independentistas, lo que abre la puerta a la esperanza de poner coto de una vez por todas a esta lacra. Sin embargo, tampoco hay que olvidar que, para contentar a la izquierda, el PSOE ya ha anunciado que introducirá enmiendas al texto durante su tramitación, por lo que todavía es pronto para lanzar las campanas al vuelo.
Adiós al delito de coacciones
Junto a las iniciativas parlamentarias, las víctimas también celebran los dos grandes acuerdos alcanzados por los jueces de Barcelona, quienes están liderando la cruzada contra la okupación por una razón muy sencilla. "Cataluña concentra más del 40% de las okupaciones que hay en toda España", recuerda el abogado José María Español.
En primer lugar, y según el acuerdo suscrito el pasado 7 de marzo por los magistrados de las Secciones Penales de la Audiencia Provincial de Barcelona, a partir de ahora, en esta demarcación, no se considerará un delito de coacciones el hecho de cortar o dejar de pagar los suministros a los okupas de patada en la puerta. Los propietarios podrán utilizar así este mecanismo a modo de presión sin temor a sufrir las consecuencias.
Adiós a la vulnerabilidad infinita
Además, la Junta de Jueces de Primera Instancia de Barcelona acordó el pasado día 12 de marzo exigir a los inquiokupas cuyo lanzamiento se haya suspendido atendiendo a su supuesta vulnerabilidad que actualicen su situación económica año tras año, ya que hay muchos propietarios que se han visto obligados a mantenerles desde 2020 sin que nadie se haya molestado en comprobar si, en todo este tiempo, han encontrado un empleo o les ha tocado la lotería, por ejemplo.
"El decreto antidesahucios se aprobó en pandemia y era una suspensión extraordinaria y temporal. ¿Qué está ocurriendo? Que esa suspensión temporal y extraordinaria la están prorrogando de forma indefinida, entonces se están beneficiando muchas personas que, evidentemente, ya han vuelto a trabajar y han vuelto a tener ingresos, pero, teniendo en cuenta que tienen el proceso suspendido, siguen sin atender el pago de la renta. Por tanto, los jueces de Barcelona han dicho basta. Veremos a ver si otros toman también el mismo camino", apunta Español.
Un registro de inquiokupación
La quinta medida es por ahora un compromiso de todas las comunidades del PP para exigir a Pedro Sánchez un registro de inquiokupación. Esto no solo permitiría conocer las cifras de una lacra que el Gobierno se empeña en invisibilizar -ya que al considerarse un mero incumplimiento de contrato no aparecen en las estadísticas del Ministerio del Interior-, sino también catalogar tanto los perfiles de los deudores como los inmuebles más susceptibles de sufrir este riesgo.
A pesar de que la izquierda se empeña en transmitir la imagen de unos propietarios "rentistas" y grandes tenedores, la realidad es que los expertos insisten en todo lo contrario. No en vano, tal y como apunta el último informe realizado por Alquiler Seguro, el 93,4% de los caseros españoles solo tiene un inmueble en alquiler y la mayoría son jubilados que necesitan dicho ingreso para complementar su pensión.
¿Y por qué no una ley integral?
Con todo, desde la Plataforma de Afectados por la Ocupación se felicitan por el gran movimiento que se ha producido en el último mes para tratar de paliar las consecuencias de esta lacra. Sin embargo, insisten en que la solución no es ir poniendo parches, sino abordar el problema en su conjunto.
"El Gobierno sigue negando que exista el problema, reduciendo a una cifra sesgada el problema de la okupación y sin considerar la inquiokupación, cuando lo que se necesitaría es voluntariedad política para, en vez de ir poniendo tiritas, crear y aprobar una ley antiokupas integral donde se cubra ambos fenómenos y, por supuesto, se apoye a las familias vulnerables que lo necesiten, pero también se garantice la seguridad jurídica de propietarios, caseros y vecinos".
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