La cadena malagueña de perfumerías Primor ha logrado que la Justicia anule más de medio centenar de multas impuestas por la Inspección de Trabajo, que sumaban cerca de 30 millones de euros. Lo llamativo del caso es que la mayoría de las actuaciones fueron realizadas por un solo inspector en Málaga, que por iniciativa propia inspeccionó 30 sociedades vinculadas a la marca, abriendo 268 actas tras visitar 42 de sus 44 tiendas en la provincia.
Según adelanta el Diario Sur, este inspector sancionó con importes muy superiores a los registrados en inspecciones anteriores realizadas por otros funcionarios, llegando incluso a multiplicar por 15.000% las sanciones previas a una de las principales sociedades del grupo, China Red.
La empresa recurrió ante los tribunales, que ya han fallado a su favor en al menos 52 ocasiones. Entre los motivos para la anulación figuran la falta de motivación en las actuaciones, la aplicación incorrecta de convenios y, sobre todo, la falta de imparcialidad del funcionario, quien llegó a querellarse penalmente contra el propietario de Primor, Juan Hidalgo. Esta relación conflictiva fue considerada causa suficiente para que los jueces estimaran su deber de abstención en las inspecciones.
El caso ha derivado en múltiples procedimientos judiciales cruzados. Aunque algunas denuncias ya han sido archivadas, el inspector aún tiene pendiente declarar como querellado en dos juzgados distintos. Mientras tanto, la empresa ha tenido que adelantar cinco millones de euros a la Seguridad Social y a la Consejería de Empleo, a pesar de las resoluciones judiciales favorables que ya han reducido a la mitad el importe de las sanciones.