La energía nuclear atraviesa un renacer global. Países de todo el mundo, incluyendo a buena parte de los socios de la Unión Europea, la están integrando como un componente esencial de su estrategia energética. Sus ventajas son claras: producción constante de electricidad, independencia energética y ausencia de emisiones contaminantes. En un contexto de creciente demanda —impulsada por la digitalización, la electrificación del transporte y el crecimiento económico—, la nuclear se perfila como una solución indispensable para garantizar un suministro estable y asequible.
Sin embargo, en España el panorama es bien distinto. Tal y como alerta la Fundación Civismo en su último informe, el sector nuclear nacional se enfrenta a una presión fiscal sin precedentes que amenaza su viabilidad. A día de hoy, las centrales deben asumir tres impuestos específicos: una tasa por residuos que gestiona Enresa, un gravamen sobre el combustible gastado que no está vinculado a ningún servicio concreto y una tasa ecológica redundante. Todo ello configura un esquema fiscal que carece de justificación técnica y parece guiado por decisiones políticas más que por criterios económicos o medioambientales.
A diferencia de países como Francia, Países Bajos o Finlandia, donde la energía nuclear está recibiendo respaldo institucional y financiación para su expansión, España se desmarca con una política que dificulta su continuidad. Solo en la última década, los impuestos sobre la nuclear han crecido más de un 70%, sin que haya cambiado la operativa de las centrales. Esta discriminación fiscal se produce además en un mercado donde otras tecnologías han recibido subvenciones millonarias: en 2024, las ayudas directas a renovables superarán los 4.000 millones de euros, coste que acaba repercutiendo en el consumidor final.
El coste de un profundo error
La paradoja se acentúa tras el reciente apagón que afectó al territorio español. La capacidad de la energía nuclear para ofrecer suministro continuo habría sido una garantía de estabilidad. Y, según datos de Sigma Dos citados por Civismo, un 67,8% de los españoles rechaza el cierre de las nucleares si este se traduce en subidas del precio de la luz. Incluso entre votantes de partidos de izquierda, el apoyo al cierre cae en picado cuando se plantea su impacto económico.
La experiencia de Alemania, que decidió prescindir de la energía nuclear, ofrece un claro precedente de los riesgos: subidas del 36% en el precio de la electricidad, pérdidas fiscales de más de 1.000 millones de euros anuales, aumento del uso de combustibles fósiles y de las emisiones de CO₂, y la destrucción de 30.000 empleos, muchos en zonas rurales sin alternativas.
En este contexto, Civismo aboga por revisar en profundidad el papel de la energía nuclear en España. Apostar por ella no significa renunciar a las renovables, sino complementarlas con una fuente firme, eficiente y climáticamente neutra. Lo contrario —seguir penalizándola por motivos ideológicos— supone un riesgo real para la seguridad energética, la sostenibilidad ambiental y la competitividad económica del país.