No había sucedido nunca antes. El Gobierno ha utilizado por primera vez el recurso a una consulta pública para que les ayude a tomar una decisión sobre la OPA hostil que BBVA lanzó sobre el Banco Sabadell hace ya un año. Una decisión que no será vinculante, pero que alarga el proceso y sienta un precedente inédito hasta la fecha. Que toda España pueda decidir o expresar su opinión sobre una operación sobre la que no se ha preguntado aun a los legítimos propietarios de ambas entidades, únicos concernidos en el éxito o fracaso de la OPA hostil.
Una maniobra que redunda, como recogen este martes numerosos expertos en la sensación de inseguridad jurídica de España.
Y es que esto sucede después de continuos cambios de opinión sobre la operación. Sucede después de que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, dijera tajante que no permitiría la fusión aunque la OPA saliera adelante. Después de que la CNMC haya realizado uno de los exámenes más exhaustivos que se recuerdan sobre esta operación mandándola a "fase 2", solicitar más información y tomarse más tiempo. Ahora, después de todo esto, y tras el sí del regulador, la decisión sigue sin estar en el tejado de los legítimos propietarios de ambas instituciones privadas, los accionistas. No, ese derecho de decisión el Gobierno lo ha hurtado después de que el presidente Pedro Sánchez anunciara por sorpresa este lunes que sometería la operación a una consulta pública.
Sí. Una consulta pública para "ayudar" a a tomar la decisión de si debe o no debe producirse esta operación. En el Círculo de Economía, en el Palacio de Congresos de Cataluña y acompañado de Salvador Illa, Sánchez proclamaba que las operaciones corporativas tienen que servir al interés general del país. Ni palabra de los accionistas, legítimos propietarios de ambas compañías y únicos dueños de la decisión sobre el rumbo de la operación.
Fuentes de economía se permitían el lujo de señalar que se trata de "un procedimiento que está en línea con la normativa y es habitual en el ámbito corporativo". Sin embargo es la primera vez que se recurre a ella para tomar una decisión sobre una OPA hostil.
Así, desde hoy, ciudadanos, asociaciones y organizaciones pueden expresar su opinión sobre la oferta del BBVA y podrán hacerlo durante los próximos 15 días. Los mismos que tiene el Ministerio de Economía para decidir si eleva la operación al Consejo de Ministros. Dice el Gobierno que esta consulta será útil para tomar una decisión sobre la operación y es que el Ejecutivo tiene la última palabra sobre la fusión o no.
El Consejo de Ministros puede confirmar la resolución dictada por el consejo de la CNMC (favorable a la operación) o acordar autorizar la concentración con nuevas condiciones, pero la citada ley deja claro que deberán estar debidamente motivadas en razones de interés general distintas de la defensa de la competencia.
En particular, la norma que otorga este poder al Gobierno sobre las operaciones corporativas establece en su artículo 10 que se entenderá como tales los siguientes supuestos en los que el Gobierno argumente que vela por la defensa y la seguridad nacional; la protección de la seguridad o salud públicas; la libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio nacional; la protección del medio ambiente; la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológicos, o la garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial.
Aparentemente ningún asunto que, a priori, pudiera encajar con la tesis del Gobierno de que evitará que la operación afecte a la exclusión financiera, el empleo o la financiación a las pymes y empresas.
La reacción de las empresas
Fuentes presentes en ese encuentro, destacan las caras de sorpresa de los presidentes de BBVA y Sabadell al escuchar al presidente anunciar la consulta pública. A ellas se unieron las de alivio de Junts y ERC, socios de investidura del Gobierno, que rechazan la operación y aplauden esta consulta.
Por su parte el presidente de BBVA, Carlos Torres, ha expresado el "máximo respeto" a la consulta pública. En declaraciones a los medios en el Palacio de Congresos de Cataluña donde se ha encontrado con el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, durante unos segundos, el directivo ha explicado que la unión con el Sabadell es un proyecto "no solo de crecimiento, sino que conduce a beneficios para todos" en España, en Cataluña y en Europa.
Vox, se manifestó a favor de esta consulta para "evitar", dice que la decisión la tome Sánchez.
¿Qué dijo la CNMC?
El pasado miércoles, la CNMC emitió su informe en el que aprobó en fase 2, con compromisos, pero por unanimidad, la operación que BBVA quiere lanzar sobre Sabadell.
Competencia detectó riesgos en los mercados de banca minorista, tanto en servicios prestados a particulares, como pymes y autónomos, así como en mercados de medios de pago, aunque consideró que los compromisos propuestos por BBVA son "adecuados, suficientes y proporcionados" para solucionar los problemas que esta concentración supone para la competencia.
En concreto, la CNMC ha acordado con BBVA una serie de compromisos ('remedies' en la jerga) para garantizar la presencia de oficinas de Sabadell y el acceso a cajeros en zonas poco pobladas, con rentas bajas o con escasa competencia.
La mayoría de los compromisos tendrá una duración de tres años (36 meses), prorrogables por otros dos años más en el caso del crédito a pymes; y de año y medio (18 meses) en el caso de los cajeros.
La CNMC supervisará el cumplimiento de los compromisos durante el tiempo estipulado y BBVA deberá informar a Competencia en los plazos acordados para ello.
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