Miles de propietarios de toda España llevan cinco años obligados a mantener a sus inquiokupas por culpa del polémico decreto antidesahucios aprobado en 2020, que impide desalojar a aquellas personas que sean declaradas vulnerables. Amén de que no se investiguen posibles ingresos en "b" y de la injusticia que supone, en cualquier caso, convertir a los particulares en un escudo social, las víctimas llevan años denunciando que los jueces no actualicen la situación de los inquiokupas: aquel que fue declarado vulnerable en 2020 porque se había quedado sin empleo por culpa de la pandemia, sigue siendo considerado como tal sin tener en cuenta si su situación económica o laboral ha cambiado o si ha tenido posibilidad de cambiar desde entonces.
En esta ocasión, sin embargo, el juez ha accedido a revisar el caso, concluyendo que si la inquiokupa de Pilar es vulnerable es porque quiere, puesto que ha tenido ofertas de empleo e incluso ha rechazado varias viviendas sociales. Precisamente por eso, el magistrado ha decidido finalmente levantar la suspensión de su desahucio, marcando todo un "hito" en la Justicia española, tal y como subrayan sus abogados, ya que esta decisión podría tener repercusiones en casos similares.
Cuando la solidaridad sale cara
La historia de esta inquiokupación se remonta al año 2019. "Apareció esta señora con su hija, que de aquella tenía 11 años, y nos dijo que, como era marroquí, nadie le alquilaba una vivienda, así que, como mi marido era muy sensible, decidió alquilársela por 370 euros al mes", recuerda Pilar. El precio era irrisorio para un piso situado en el centro de La Coruña, y más si se tiene cuenta que, como apunta la propietaria, acababan de reformar el piso por completo. "Calefacción y todo. Todo nuevo", subraya.
En enero de 2020, sin embargo, la mujer se quedó sin empleo y empezaron los problemas. "La Xunta de Galicia le pagó tres meses, pero luego dejó de pagar", explica Pilar, que incluso cuando su marido falleció —en mayo de ese mismo año—, le dio una segunda oportunidad. "Como el contrato lo había firmado con él, me pidió que le hiciera yo uno a mi nombre y accedí", lamenta. Lejos de agradecérselo, se aprovechó de la situación e incluso se enfrentó a ella. "Yo siempre traté con tu señor, tu señor ya no está y yo ahora no puedo pagarte y no me voy a ir debajo de un puente con mi hija", le dijo.
Pilar, que se solo tenía su pensión para salir adelante, trató de hacerla entender que su situación tampoco era fácil. "Mira, yo ahora estoy sola, necesito el piso o que me pagues, pero si no, te tienes que ir", le explicó de la mejor manera posible. La propietaria contaba con que se resistiera, pero no con lo que realmente sucedió: "Me dijo literalmente ‘te voy a joder la vida y no te voy a pagar y no me voy a ir’, y así llevamos camino de cinco años".
Desesperada, ya en 2021, Pilar la denunció por impago. Entre tanto, descubrió que sí estaba trabajando y se puso en contacto con ella para preguntarle si iba a empezar a pagarle todo lo que le debía, pero aquello solo sirvió para empeorar las cosas. "Su respuesta fue que, si la volvía a llamar, me denunciaba y que, mientras el juez no lo ordenase, no me iba a pagar nada". Finalmente, la Justicia le dio la razón a Pilar y fijó una fecha de lanzamiento. Sin embargo, su ya inquiokupa se declaró vulnerable, acogiéndose al polémico decreto antidesahucios aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez.
¿Vulnerable o cara dura?
Desde entonces, la propietaria. a la que incluso le llegaron a embargar la pensión por no pagarle el agua, ha ido viendo con impotencia cómo se reía de ella. "La madre con una orden de desahucio de su piso de A Coruña comienza a trabajar la próxima semana en una pizzería", titulaba La Voz de Galicia en un artículo fechado el 14 de enero de 2022. "La institución Padre Rubinos le pagará el alquiler para evitar que la mujer y su hija de 10 años sean desalojadas de su vivienda", añadía la noticia.
Unos días más tarde, el propio diario le dedicaba otro artículo en el que se la podía ver ya trabajando en los fogones del restaurante y donde se aseguraba que desde la fundación Padre Rubinos "le pagaron el alquiler para evitar así el desahucio". Lo que sucedió con ese dinero es una incógnita, pero lo que está claro es que jamás llegó a quien tenía que llegar. "Eso fue lo que ella dijo a La Voz de Galicia, pero la fundación Padre Rubinos jamás se puso en contacto conmigo y jamás me ha pagado nada. Si le ha pagado a ella y se lo ha quedado, no lo sé, pero yo jamás he recibido ni un euro", denuncia Pilar, a la que su inquiokupa debe a día de hoy más de 22.000 euros.
Hasta los Servicios Sociales constataron que ya estaba trabajando y cobrando un sueldo de 1.100 euros y que, por tanto, no se encontraba "en la misma situación de exclusión social", pero en aquel momento tampoco eso sirvió de nada. Ni siquiera el hecho de que estos mismos profesionales certificasen que le habían facilitado todo tipo de ayudas económicas y hasta varias alternativas habitacionales hizo cambiar de opinión al juez. "Fueron varias las viviendas ofertadas, visitadas y vistas y todas fueron rechazadas por la interesada", rezaba el informe al que ha tenido acceso Libre Mercado.
Un antes y un después
A pesar de las evidencias, hasta ahora, el juez siempre se había negado a revisar el procedimiento, limitándose a prorrogar de manera automática la primera suspensión del desahucio, que data de 2021. El hecho de que finalmente haya accedido a ello no solo ha supuesto un punto de inflexión para Pilar, sino que podría marcar un antes y un después para el resto de las víctimas de esta lacra.
Los afectados por la inquiokupación llevan años quejándose de que sus casos no se revisen, cuando es evidente que, después de tanto tiempo, la situación económica y laboral de sus inquiokupas ha podido cambiar. Precisamente por eso, esta sentencia supone un hito, porque abre la puerta a que otros magistrados sigan la estela del titular del Juzgado de Primera Instancia número 4 de La Coruña.
Su decisión va en consonancia, además, con el compromiso adquirido el pasado 12 de marzo, por la Junta de Jueces de Primera Instancia de Barcelona, quienes acordaron solicitar a los Servicios Sociales que comprueben en cada prórroga si la situación de vulnerabilidad alegada por los okupas sigue siendo la misma. De esta forma, las víctimas de la ciudad condal tendrán al menos una oportunidad al año de revertir una situación que no solo les condena a la ruina sino que, además, les destroza psicológicamente.
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