Cuando el okupa se ríe de todos: logra un empleo y que le paguen el alquiler y lleva 5 años sin abonar ni un euro

En no pocas ocasiones, las amenazas de desahucio desatan una ola de solidaridad con los que, sea cual sea su excusa para no pagar la casa en la que viven, no dejan de ser okupas. Ciudadanos anónimos e incluso empresas se prestan a ayudarles para que puedan seguir en sus casas sin atender a las advertencias de unos propietarios que, en muchos casos, saben de primera mano que se trata de "falsos vulnerables" o de "jetas" que lo que buscan es vivir a costa de los demás.

Ese es precisamente el caso de Pilar, una pensionista que lleva cinco años manteniendo a su okupa sin recibir ni un euro —en estos momentos, le debe más de 23.000— y, por su culpa, hasta le han embargado la pensión. Cuando nadie le alquilaba un piso por ser marroquí y tener una hija, ella y su marido le confiaron el suyo, en el centro de La Coruña, por 370 euros.

Cuando él murió y Pilar más lo necesitaba, ella le dijo que se había quedado sin trabajo y dejó de pagar sin opción a buscar otra vivienda. "En 2022 sale en las noticias dando pena: lluvia de ofertas de empleo; incluso le pagan el alquiler para no ser desahuciada. ¿Quién cobró ese alquiler? —se pregunta la propietaria desesperada después de tantos años de lucha—Yo no. Ni un euro desde el 2020. En marzo de 2025, sigue ocupando mi piso sin pagar nada. ¿Justicia?".

La solidaridad de los vecinos

El mensaje de esta víctima de la okupación, dirigido a través de las redes sociales al mismísimo presidente del Gobierno y a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, adjunta las noticias de aquella época. "La madre con una orden de desahucio de su piso de A Coruña comienza a trabajar la próxima semana en una pizzería", titulaba La Voz de Galicia en un artículo fechado el 14 de enero de 2022. "La institución Padre Rubinos le pagará el alquiler para evitar que la mujer y su hija de 10 años sean desalojadas de su vivienda", añadía.

La buena fe de unos y otros queda fuera de toda duda: "El propietario de la pizzería Enzo’s, en la calle Ruela Agar, leyó la noticia en el periódico y como tenía amigos en la institución benéfica Padre Rubinos se puso en contacto con sus responsables para hacerles llegar que estaba dispuesto a contratarla, a echarle una mano para evitar que, como decía Azahara, terminara durmiendo bajo un puente junto a su hija. Fueron más de una docena de personas las que le ofrecieron un empleo en sus negocios, pero el dueño de esa pizzería fue el primero y con él se quedó".

Unos días más tarde, el propio diario le dedicaba otro artículo en el que se la podía ver ya trabajando en los fogones del restaruante y donde se aseguraba que desde la fundación Padre Rubinos "le pagaron el alquiler para evitar así el desahucio". Lo que sucedió con ese dinero es una incógnita, pero lo que está claro es que jamás llegó a quien tenía que llegar. "Eso fue lo que ella dijo a La Voz de Galicia, pero la fundación Padre Rubinos jamás se puso en contacto conmigo y jamás me ha pagado nada. Si le ha pagado a ella y se lo ha quedado, no lo sé, pero yo jamás he recibido ni un euro de Padre Rubinos y si no, que lo demuestre quien sea", insiste Pilar visiblemente indignada.

¿Realmente es vulnerable?

En estos momentos, no sabe a cuánto ascienden sus ingresos ni de quién proceden, pero tiene claro que, si quisiera, podría pagar el alquiler o buscarse otra vivienda: "Trabajaba y me consta que sigue trabajando, según los vecinos, pero bueno, como está cómoda, pues como dice ella: mientras el juez no me eche, yo no me voy a ir y no te voy a pagar nada".

Ahora, la decisión vuelve a estar en manos del juez, que ha fijado el juicio para el próximo día 19 de marzo. Pilar espera que sea el final de cinco años de calvario. Sin embargo, no olvida todas las veces que se ha suspendido su lanzamiento a pesar de las evidencias. En 2022, hasta los Servicios Sociales constataron que ya estaba trabajando y cobrando un sueldo de 1.100 euros y que, por tanto, no se encontraba "en la misma situación de exclusión social" que había paralizado el procedimiento, pero no sirvió de nada.

Relacionado

• "¡Un desalojo, otra okupación!": la amenaza de la PAH a los vecinos de El Yesero después de 4 años de auténtico infierno
• El infierno de un pueblo del PSOE en el que 1 de cada 3 casas están okupadas: "Vivimos con el miedo metido en el cuerpo"
• Desesperación del Sindicato de Inquilinos: primeros piquetes para calentar la huelga y que nadie pague a sus caseros
• De amiga a inquiokupa: le alquila su casa por pena y la que termina en la calle es ella

Ni siquiera el hecho de que estos mismos profesionales certificasen que le habían facilitado todo tipo de ayudas económicas y hasta varias alternativas habitacionales hizo cambiar de opinión al juez. "Fueron varias las viviendas ofertadas, visitadas y vistas y todas fueron rechazadas por la interesada", reza el informe de Servicios Sociales al que ha tenido acceso Libre Mercado.

"Mi inquiokupa ha rechazado hasta tres viviendas que le han ofrecido los Servicios Sociales —explicaba ya hace dos meses mientras nos mostraba el documento que así lo corrobora—. ¿Y eso no es razón más que suficiente para que el juez la eche de mi casa? ¿De verdad tengo que seguir aguantando que se ría de mí? ¿Qué tengo hacer? ¿Encadenarme en el juzgado? ¿Pegarme un tiro? Porque es que ya se te pasa de todo por la cabeza, porque esto, psicológicamente y emocionalmente, te deja hecha una mierda —decía sin rodeos—. ¿Quién va a querer alquilar su piso en estas condiciones? Ya se lo digo yo: nadie"

Arruinada y desesperada

Pilar tiene claro quién es el culpable último de esta situación: un Gobierno que sigue prorrogando el decreto antidesahucios sin pensar en el daño que, desde 2020, esta polémica norma ha hecho y sigue haciendo a miles de propietarios de toda España. Su inquiokupa no solo le debe más de 23.000 euros, sino que tampoco paga los suministros y como Pilar, debido a su propia situación, se niega a pagarlos, le han embargado su pensión.

Al margen de la cuestión económica, en estos momentos, ella misma necesitaría el piso para vivir cerca de su hijo, ya que padece una enfermedad que hace que requiera la ayuda de su familia. Sin embargo, hasta ahora, tampoco esto ha sido causa suficiente para que la Justicia revierta su situación. Su esperanza, no obstante, está puesta en el juicio del próximo día 19. "Es el día de San José y así se llamaba mi marido, así que solo espero que eso sea una señal para que el juez haga lo que tiene que hacer, que es devolverme lo que es mío. No pido más", dice desesperada.