El PP le ha tomado la delantera al PSOE al problema hipotecario: ayer El Mundo informaba de que Soraya Sáenz de Santamaría y Joan Ridao (quién les ha visto y quién les ve) están ultimando un acuerdo para pedir conjuntamente la creación de una subcomisión parlamentaria que revise en profundidad el funcionamiento del sistema hipotecario.

Además, están intentando que otros grupos se unan a la propuesta, lo que no es disparatado: si ellos se han puesto de acuerdo –que están en las antípodas ideológicas- no parece difícil que otras izquierdas y partidos nacionalistas se puedan sumar. Y dado que el PSOE no tiene mayoría absoluta, la probabilidad de que prospere es muy elevada.

Lo cual debería congratularnos porque el problema de las ejecuciones hipotecarias, lejos de solucionarse, tiene toda la pinta de agravarse en los próximos meses en la medida en que el euribor –así como el coste de todos los bienes de consumo- sube, y los ingresos de las familias merman –salarios a la baja, subidas de impuestos, y desempleo-.

La jugada popular es brillante pues, al tiempo que se coloca del lado de los desfavorecidos, empuja a los socialistas al bando de los banqueros y otros ricos de puro y chistera: lo que le faltaba al votante socialista después de la escena “íntima” que protagonizaron Zapatero y Botín en la ya de por sí provocadora reunión con el oligárquico G-44.

Los que deben estar que se suben por las paredes son los banqueros y, cómo no, su representante, don Miguel Martín, que a buen seguro que más pronto que tarde sale con alguna de las oportunas y brillantes declaraciones a las que nos tiene acostumbrados. Permanezcan atentos.

Dicen que, en política, si quieres evadir un problema, crea una comisión; y si lo que quieres es que se enquiste y se pudra, lo mejor es un observatorio, que cuenta además con la ventaja de que permite colocar a unos cuantos correligionarios bajo el auspicio del erario público.

Seamos optimistas por una vez y deseemos éxito a la subcomisión. Tampoco es tan difícil llegar a un acuerdo de mínimos. Ayer mismo Nicolás Nogueroles, en El Economista, publicaba un recomendable artículo del que se pueden extraer dos ideas que a buen seguro todos podrían asumir: limitar el tipo de los intereses de demora (así como el importe sobre el que se calculan) y modificar el artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para recuperar la redacción inicial antes de su tramitación parlamentaria, esto es, que la adjudicación del bien desierto en subasta sea al 70% del valor de tasación en lugar de al 50% actual.

Crucemos los dedos.