El 9 de enero de 2009, el presidente de Estados Unidos Barack Obama afirmó confiado que “nadie discutía” la necesidad de un “plan estatal de recuperación”. Acto seguido, la Casa Blanca propuso la aprobación de un millonario “paquete de estímulo”, valorado en más de 787,000 millones de dólares. Era evidente que la apuesta del Ejecutivo para salir de la Gran Recesión pasaba por aumentar el tamaño del Estado.

Aunque el presidente se había mostrado muy confiado, algunos le llevaron la contraria. El Instituto CATO, uno de los think-tanks más influyentes de EEUU, no tardó en encabezar la oposición liberal al gran proyecto keynesiano del gobierno de Barack Obama. Así, el CATO organizó la publicación de un breve manifiesto, firmado por cientos de economistas y reproducido a toda página por los principales periódicos estadounidenses. El texto afirmaba lo siguiente:

“Con el debido respeto, Señor Presidente, lo que afirma no es cierto. Pese a que los estudios digan que todos los economistas son keynesianos y que todos respaldamos un gran aumento en el peso del gobierno, nosotros, los que aquí firmamos, no creemos que más gasto público pueda mejorar el desempeño de la economía estadounidense. El aumento aprobado por los gobiernos de Hoover y Roosevelt no sacó a la economía estadounidense de la Gran Depresión en la década de 1930. Tampoco resolvió la ‘década perdida’ de Japón en los noventas. De tal manera que es un triunfo de la esperanza sobre la experiencia creer que más gasto público ayudará a EEUU hoy. Para mejorar la economía, los políticos deberían enfocarse en reformas que eliminen los obstáculos al trabajo, al ahorro, a la inversión y a la producción. Tasas de impuestos más bajas y una reducción de la carga tributaria siempre son las mejores maneras de utilizar la política fiscal para estimular el crecimiento”.

La Casa Blanca no prestó atención a la advertencia de los economistas liberales y el Ejecutivo no dudó en seguir adelante. De hecho, las medidas anunciadas por el gobierno de Barack Obama fueron aprobadas en apenas semanas, después de que la Cámara de Representantes y el Senado aprobasen con amplias mayorías el “Acta de Recuperación y Reinversión Americana”. Los 737,000 millones del ala fueron entregados a programas de “promoción de la recuperación económica”, “inversión en transporte e infraestructuras”, etc.

Es importante señalar que los fondos del “paquete de estímulo” fomentaban el proteccionismo económico debido a su cláusula “Buy American” (“Compre Americano”), que requería que todo proyecto de infraestructuras tendría que levantarse con materiales producidos en EEUU. La decisión llevó a un enfrentamiento directo con Canadá, que decidió aplicar el mismo tipo de restricción, con el consecuente daño a los productores de hierro y acero estadounidenses. Finalmente, ambos países llegaron a un acuerdo y volvieron a sus posiciones iniciales, aunque solamente Canadá obtuvo un “tratamiento especial” por parte de la Administración Obama. De hecho, la canciller alemana Angela Merkel amenazó con llevar el caso ante la OMC.

El caso es que el “paquete de estímulo” ya estaba en marcha, y el gobierno de Barack Obama afirmó orgulloso que gracias a las medidas adoptadas, la tasa de paro no pasaría del 8%, y alcanzaría el 6% a finales de 2011 o comienzos de 2012. Los gobiernos de medio mundo imitaron a Obama con entusiasmo. En España, sin ir más lejos, se han llegado a aprobar más de 30 “paquetes de estímulo” desde 2008…

El paso del tiempo ha demostrado la ineficacia del enfoque keynesiano. El fracaso de la estrategia intervencionista desplegada por el gobierno de EEUU ha sido absoluto: el déficit público se ha descontrolado, el desempleo ha batido récords históricos (sigue por encima del 9,1%) y la recuperación económica es prácticamente nula.

Al calor de este fracaso, el optimismo inicial de Barack Obama se ha ido transformando en desesperación: no en vano el cuadragésimo cuarto presidente de EEUU ha iniciado una polémica gira pre-electoral financiada con dinero público, ha propuesto nuevas medidas protecionistas, ha encabezado una dura campaña contra los contribuyentes de rentas altas, ha pedido nuevas subidas de impuestos, ha mantenido su respaldo entusiasta a la irresponsable política monetaria de la Reserva Federal… Incluso ha llegado al extremo de reclamar a los líderes europeos que abandonen la ruta de consolidación fiscal y abracen los “planes de estímulo” como solución a la crisis.

Sin duda, el gobierno de Estados Unidos ha demostrado tener una capacidad inusual para no responsabilizarse de sus graves errores. Obama ha confirmado lo que Carlos Rodríguez Braun ha dicho desde hace años: “el mejor amigo del hombre no es el perro, sino el chivo expiatorio”.

Ante semejante fiesta keynesiana, es inevitable echar la vista atrás y pensar en autores como Ludwig von Mises o F. A. Hayek, que ya refutaron la viabilidad de la planificación económica en obras como “El socialismo: un análisis económico y sociológico” (1922) o “Planificación económica colectivista” (1935). Sin embargo, no solamente los clásicos de la Escuela Austriaca nos demuestran que una autoridad central no puede aspirar a diseñar la economía a su antojo. Aunque resulte irónico, el propio gobierno de Barack Obama declaró en 2009 que su “plan de estímulo” resultaría inevitablemente en capítulos de “despilfarro“ o“fraude”.

Manuel Llamas ya describió en 2009 algunos de los programas que recibieron los fondos públicos derivados del mesiánico plan de Barack Obama. Algunos de los casos más paradigmáticos incluyeron cuantiosas inversiones en la construcción de “eco-rutas” para tortugas, el cultivo de ostras, la entrega de “cheques” a más de 10,000 personas fallecidas… Si les cuesta creerlo, hagan click aquí y descubran hasta qué punto no se trata de una broma.

Sin embargo, recientemente se han desvelado ejemplos aún más escándalosos que siguen evidenciando la corrupción y la ineficacia derivadas del intervencionismo económico. Se trata del escándalo que rodea a la empresa Solyndra, una compañía dedicada al sector de la “tecnología verde” y la energía solar.

Ya en 2008, con George W. Bush como inquilino de la Casa Blanca, Solyndra había solicitado dinero público para la ejecución de “proyectos de innovación y desarrollo”. El Departamento de Energía rechazó esta petición, argumentando que su modelo de negocio era catastrófico. En palabras del analista energético Peter Lynch, “por cada dólar invertido, Solyndra perdía tres”…

Sin embargo, la Administración Obama no encontró ningún problema a la hora de destinar la friolera de $535 millones de dólares en un préstamo garantizado por el presupuesto federal. Tan orgulloso estaba Barack Obama que, en mayo de 2010, visitó la fábrica de la compañía y aplaudió la operación aprobada por su gobierno. En palabras del presidente, aquel proceso fue “modélico” a la hora de mostrar “cómo debe invertirse el dinero público en tecnología verde”.

Hoy, Solyndra está quebrada y más de 1,100 trabajadores están en la calle. El dinero de los contribuyentes fue entregado a un proyecto que se hundió de manera estrepitosa. ¿La respuesta de Obama ante este fracaso? “No me arrepiento… Si queremos competir con China, que aprueba grandes subsidios en este sector, tenemos que asegurarnos de que nuestra gente tenga las mismas oportunidades”, afirmó sin inmutarse en una entrevista concedida a la cadena de televisión ABC.

El escándalo no acaba ahí: sabemos que la cúpula de Solyndra visitó al menos 20 veces la Casa Blanca, que el préstamo entregado a Solyndra tenía un tipo de interés inferior a lo habitual, que el FBI está investigando la situación… Sin embargo, por encima de todo, este escándalo vuelve a demostrarnos que el gobierno no puede ni debe jugar a planificar la economía.

La “barra libre” de crédito barato y dinero público no solamente no ha sacado a EEUU de la crisis, sino que ha retrasado la recuperación y distorsionado el ajuste necesario. Al final resulta que el “cambio” que tanto prometió Obama era solamente la profundización y la extensión del intervencionismo económico hasta cotas aún más altas.