En España hay 20,000 licencias de explotación de farmacias, una cifra tan reducida que apenas uno de cada tres farmacéuticos de nuestro país puede ejercer la profesión para la que se han formado. Se trata, pues, de un modelo radicalmente opuesto a la competencia y al mercado, al calor de la legislación aprobada en los primeros años de la dictadura franquista.
El decreto en cuestión, aprobado en enero de 1941, liquidó un modelo caracterizado por la libre concurrencia. Quedaba así instaurada una altísima limitación de la competencia que sería justificada por los legisladores franquistas en aras de la “elevación moral de los profesionales farmacéuticos”.
Aquel paradigma sobrevive hoy sin apenas modificaciones. Las normativas aprobadas en 1978 son el mejor ejemplo. La excepción la encontramos en la Comunidad Foral de Navarra, aplaudida de forma recurrente como una de las regiones más libres en el ámbito económico. Navarra tiene un modelo propio que, en la práctica, resulta mucho menos restrictivo que el del resto de España. El proceso se limita a presentar el título de farmacéutico, cumplir una serie de requisitos y “respetar el acceso universal a medicamentos”.
Puede que el modelo navarro no sea perfecto, pero en el resto del país, los licenciados lo tienen mucho más complicado para abrir una botica. Debido a las restricciones creadas en el sector, hay pocos puestos de trabajo y los sueldos son mejorables. Acceder a la propiedad de un negocio farmacéutico está casi limitado a dos complejas vías: heredando la botica o pagando cantidades prohibitivas para conseguir un traspaso.
¿Podemos contemplar una alternativa, siguiendo el ejemplo navarro? Lo cierto es que muchos países de nuestro entorno se mueven en esa dirección. En Italia ya se ha optado por flexibilizar la apertura de farmacias como respuesta a las excesivas rigideces del sector. Por su parte, otros países europeos, como Suecia, Alemania o Gran Bretaña, la liberalización es mayor aún. Por delante quedarían otros retos importantes para conseguir una liberalización efectiva del sector. Las restricciones a la publicidad, la fijación de precios, la prohibición del uso de determinados fármacos… son otras asignaturas pendientes.