Quienes defienden los “impuestos al pecado” argumentan que aplicar dichas tasas a determinados bienes o servicios se traduce en una menor demanda de los mismos. Se pretende emplear la fiscalidad de forma disuasoria, lo que explica que, por ejemplo, la cajetilla de tabaco cueste casi un 90% más debido a las tasas aplicadas a dicho producto.

Cabría preguntarse si es legítimo y apropiado que el Estado use la política tributaria para ser una especie de “niñera”. También podríamos cuestionar si el menor consumo de aquello que se penaliza no se verá compensado, al menos en parte, con el aumento del contrabando y un  auge de los productos sustitutivos.

En ambos casos, tanto la legitimidad como la efectividad de los “impuestos al pecado” queda en entredicho. Sin embargo, lo que sí es cierto es que aplicar más impuestos a un determinado bien o servicio tiene un claro impacto en el marco de incentivos que afecta a cada individuo a la hora de decidir si reincide en su consumo, o no.

Existe un consenso bastante general a la hora de entender las implicaciones antes detalladas. Por desgracia, parece que dicho consenso se esfuma cuando, en vez de hablar de “impuestos al pecado” hablamos de tributos aplicados a otros ámbitos. Así, cuando se piden tasas a la riqueza, a la renta, a la inversión o al ahorro, el consenso cambia por completo. De repente, se espera que subir la la fiscalidad aplicada a dichos campos no suponga un deterioro del panorama económico.

Esta incoherencia resulta curiosa. Igual que es cierto que las tasas aplicadas a las bebidas alcohólicas reducirán las ventas de dicho producto, no es menos cierto que subir la fiscalidad a quienes producen, trabajan, invierten o ahorran acabará significando menos producción, menos trabajo, menos inversión y menos ahorro.

Peor aún, este razonamiento suele adquirir un tinte más radical conforme hablamos de imponer más impuestos a personas que destacan por su alta contribución a la Hacienda pública. En España, el 19% de los contribuyentes aporta más del 70% de la recaudación por IRPF, pero no faltan quienes evocan las bajas pasiones igualitaristas para pedir que dichos grupos paguen aún más impuestos. Así, el egoísmo y la envidia se convierten en la base teórica para la discriminación… y olvidamos la lección que comentamos en estas líneas: los impuestos que coquetean con niveles confiscatorios generan menos, no más recaudación.

Tiene gracia que estas reflexiones las hagamos quienes no deseamos que el Estado recaude más, sino menos. En el fondo, lo que demuestra esta paradoja es que la política fiscal no está guiada en la actualidad por argumentos lógicos, sino ideológicos. Por eso, conviene subrayar el efecto contraproducente sobre la recaudación que tienen, a menudo, los aumentos de la presión fiscal.

Un ejemplo reciente de este círculo vicioso lo hemos vivido en Gran Bretaña, donde diferentes subidas de impuestos aplicadas a comienzos de la Gran Recesión se han traducido en sucesivas caídas de la recaudación fiscal. Por fortuna, el Ejecutivo británico ha reaccionado y ha adoptado un tímido cambio de rumbo centrado en bajar los impuestos.

En España hemos comprobado recientemente que los ingresos fiscales del Estado están en caída libre. Las sucesivas subidas de la presión fiscal y las expectativas de nuevas alzas tributarias han frenado la recuperación económica. Esto explica que el fisco esté hoy recibiendo menos dinero en vez de más.

Recientemente, Arthur Laffer visitó nuestro país para hablar del marco tributario español. El economista estadounidense subrayó que, pese a la subida de tipos aprobada por el Ejecutivo socialista, la recaudación derivada de los impuestos al consumo no ha experimentado el crecimiento esperado. En línea con lo anterior, Laffer destacó que sería “una equivocación y una locura subir el IVA al 20%. Miren lo que ya han conseguido con la subida anterior. ¿Les gusta el resultado? ¿Y van a subirlo todavía más? ¡No escuchen a Bruselas!”.

Por desgracia, ya sabemos que Moncloa no escuchará a Laffer y subirá, de nuevo, los impuestos.