Los fiscales Juan Pavía y Alejandro Luzón han emitido un informe favorable a la apertura del proceso penal, que ha sido enviado este jueves al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, informa Europa Press.
Tras estudiar los hechos denunciados por los inversores en pagarés del holding de la familia Ruiz-Mateos, los fiscales han concluido que existen indicios suficientes para investigar los hechos. El juez tendrá ahora que pronunciarse sobre la admisión a trámite de la querella.
La Fiscalía Anticorrupción lleva investigando a Nueva Rumasa desde marzo de 2010, tras recibir una denuncia por parte de la Agencia Tributaria a raíz de las advertencias emitidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por la comercialización de los pagarés. Los fiscales también investigan presuntos desvíos de dinero de los inversores a territorios off-shore.
La presentación de la querella por parte de los inversores particulares obliga a Anticorrupción a cesar el expediente de investigación y remitirlo a la Audiencia Nacional para continuar con las pesquisas bajo la batuta del juez.
La querella, presentada por Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero Abogados, va dirigida contra el fundador de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, sus seis hijos varones y siete sociedades del holding, a los que reclaman cerca de 10 millones de euros por las inversiones en pagarés del grupo empresarial.
Una vez abierta la investigación, el resto de inversores en pagarés (5.000 en total) podrán adherirse a la querella y ser parte del proceso como acusación particular. Por su parte, las investigaciones llevadas a cabo por Anticorrupción han estado destinadas a averiguar el destino de los 140 millones de euros que el holdin' de la familia Ruiz-Mateos ha obtenido por la emisión de estos pagarés ante un posible delito de estafa a los inversores.
Por el momento, la mismas fuentes descartaron la apertura de una investigación general sobre el entramado de 160 sociedades que tiene el grupo, algunas de ellas radicadas en paraísos fiscales, tal y como se hizo en los años 80 y que derivó en la expropiación de Rumasa por el Gobierno español el 23 de febrero de 1983.