Esta ley fue anunciada durante el debate de política general de la comunidad celebrado en marzo y ya en aquel momento contó con el rechazo del BNG y la abstención del PSdeG, que hoy ha decidido apoyar el texto legislativo "por responsabilidad".
Con esta ley, el Parlamento deberá autorizar el techo de gasto anual antes de aprobar los presupuestos autonómicos de cada año y cuando el crecimiento del PIB sea superior al 2,5 por ciento, esa cantidad se destinará a reducir el déficit de la comunidad.
Al término del debate, la consejera de Hacienda, Marta Fernández Currás, se felicitó de haber aprobado una ley "pionera" en España sobre el techo de gasto y la estabilidad presupuestaria, como vienen reclamando todas las instancias económicas. Currás indicó que si esta ley hubiera estado en vigor durante la pasada legislatura, cuando gobernaron el PSdeG y el BNG en coalición, Galicia tendría 2.000 millones menos de deuda y dispondría de 300 millones de euros más para los servicios públicos.
Durante el debate, el portavoz del PP en el Parlamento, Pedro Puy, defendió la necesidad de aprobar esta ley cuyo "único objetivo" es "mantener, sostener y posibilitar la sostenibilidad del sistema de bienestar" de la Comunidad. A pesar de las críticas de la portavoz de Economía del PSdeG en el Parlamento, María José Caride, que durante el debate llegó a decir que la ley es "una cortina de humo" y que tendrá "incidencia cero" en la legislatura debido a que no se prevé que haya crecimientos superiores al 2,5 por ciento, finalmente anunció el voto a favor de su grupo "por responsabilidad".
También criticó Caride la "ausencia" de control de los gastos mediante financiación público-privada y señaló que salvo el techo de gasto, el resto de la ley será "inocua" en la presente legislatura.
Fernando Blanco (BNG) mostró el rechazo de su grupo a este proyecto de ley que consagra como "único objetivo lograr el déficit cero", y defendió que los ciudadanos necesitan medidas de impulso a la economía para crear empleo. En su opinión, el texto aprobado hoy "no garantiza" la prestación de servicios públicos como se hacía hasta ahora y "abre la puerta al copago tanto en la Educación como en la Sanidad".
Blanco también se mostró crítico con la "ausencia" de control de la financiación público privada, que si bien no computa como deuda compromete el gasto para los años siguientes.