El sector farmacéutico ha dejado de ingresar 2.000 millones de euros al año como consecuencia de los reales decretos-ley 4 y 8/2010 (de racionalización del gasto farmacéutico) y algunas medidas puestas en marcha en el mismo sentido por determinadas comunidades autónomas.
Así lo señaló el presidente de la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica (Farmaindustria), Jordi Ramentol, en la rueda de prensa posterior a la asamblea general que celebraba hoy la patronal, según informa Efe.
Ramentol precisó que la merma provocada en los ingresos por ambos decretos-leyes asciende a 1.300 millones de euros, a los que se suman unas pérdidas de entre 300 y 600 millones anuales que son consecuencia del impacto de las restricciones a la prestación farmacéutica adoptadas por varias comunidades autónomas.
Esta situación ha llevado a la mayor caída del mercado farmacéutico de la historia, del 8 %, en un momento en el que se acumula la mayor deuda hospitalaria, que ronda los 5.200 millones de euros, acompañada además de una demora en los pagos hospitalarios superior a los 410 días, recordó.
Otras consecuencias han sido la pérdida de unos 5.000 puestos de trabajo directos y unos 20.000 entre indirectos e inducidos, el estancamiento de la inversión en I+D, la entrada en pérdidas de muchas compañías farmacéuticas y la disminución de su ritmo inversor.
En cuanto a las medidas adoptadas por las distintas CCAA, señaló que son consecuencia de la desesperación de los gobiernos autónomos por no poder hacer frente al gasto sanitario, y que algunas se encuentran fuera del marco legal y otras bordean la ilegalidad.
En este sentido, hizo referencia al llamado "cataloguiño" de medicamentos gallegos que ha sido recurrido por el Gobierno y, gracias a ello, suspendido cautelarmente durante cinco meses.
Pese a que el Tribunal Constitucional (TC) acaba de levantar dicha suspensión, el presidente de Farmaindustria confió en que esa decisión no afecte a su fallo final y que la sentencia reconozca claramente que se han vulnerado las competencias del Estado.
No obstante, lamentó que la decisión final pueda tardar meses o años, una lentitud que en algunos casos hace difícil que se subsane un problema.
Ramentol aseguró que el catálogo gallego no es bueno para el sistema sanitario ni para los pacientes, ya que rompe la cohesión y equidad del sistema sanitario, además de limitar la prescripción médica, lo que da una imagen negativa del país hacia fuera.
Por ello, pidió al Partido Popular (PP), que gobierna en once CCAA, que tenga sentido de estado y que se pongan de acuerdo para mantener la cohesión y equidad del sistema sanitario, lo que permitiría atraer inversión en investigación, innovación y tejido productivo.
Agregó que el PP tiene políticos inteligentes, capaces de ver que en este momento se debe apostar fuertemente por el futuro del país.