La Audiencia Nacional ha admitido la personación de más de una decena de acusaciones particulares en la causa penal abierta contra José María Ruiz-Mateos, su mujer, Teresa Rivero, y sus seis hijos varones, por presuntos delitos de estafa e insolvencia punible en la gestión de Nueva Rumasa.
Según confirmaron a Europa Press fuentes jurídicas cercanas al caso, desde la admisión a trámite de la querella, el pasado 3 de junio, cerca de 15 abogados, representantes de más de un centenar de inversores en pagarés emitidos por Nueva Rumasa, se han sumado a la causa penal.
Por su parte, los inspectores de la Unidad Central de Delitos Económica y Fiscal (UDEF) y de la Agencia Tributaria tienen desde ayer, miércoles 6 de junio, en su poder toda la documentación remitida por la Fiscalía Anticorrupción para iniciar su análisis y emitir un informe concreto sobre las presuntas defraudaciones, así como el destino del dinero, según las mismas fuentes.
De este modo, se prevé que el juez Pablo Ruz, encargado de la investigación, no llame a declarar a los miembros de la familia Ruiz-Mateos hasta recibir este informe, por lo que sus comparecencias se podrían retrasar hasta después del verano.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional abrió diligencias de investigación contra la familia Ruiz-Mateos a raíz de la querella presentada por el despacho Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero Abogados, en nombre de 63 inversores de pagarés, grupo que se ha ampliado ya a un total de 92.
Por su parte, Anticorrupción remitió al juzgado toda la documentación recabada desde el inicio de la investigación abierta en marzo de 2010, tras recibir una denuncia de la Agencia Tributaria a raíz de las advertencias emitidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por la comercialización de los pagarés.
El juez tiene identificados a 1.017 inversores que depositaron 90,4 millones de euros, a través de dichos pagarés. A estos habrá que sumar los que adquirieron pagarés hasta enero de 2011, que podrían elevarse a 5.000. Los afectados acusan a Nueva Rumasa de mentir sobre su estructura empresarial en las campañas para captar inversiones particulares, así como de emitir pagarés a sabiendas de que no iban a poder devolver el dinero.
El informe de la Fiscalía puso de manifiesto la "opacidad" de la estructura de Nueva Rumasa, que "podría alcanzar un mínimo de 147 empresas que funcionan conforme a un principio de caja única y actúan bajo una unidad de decisión atribuible a la familia Ruiz-Mateos y singularmente a sus miembros varones". El grupo alimentario tiene, al menos, 27 sociedades radicadas en Belice, 4 en Holanda y 2 en Panamá.