Se trata de cinco operaciones de endeudamiento que se ajustan a las condiciones del real decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, que establece esta medida excepcional para favorecer o facilitar a los ayuntamientos el pago a proveedores de facturas contabilizadas pero emitidas con anterioridad al 30 de abril de este año, según informa Efe.
El importe solicitado se destinará a la cancelación de deudas con empresas y autónomos de obligaciones pendientes de pago correspondientes a suministros, obras o servicios.
El delegado de Hacienda del Ayuntamiento, Juan Bravo, ha insistido en culpar al Gobierno central del desastre de la propia gestión económica de Gallardón por no permitir la refinanciación de la enorme deuda municipal.
Bravo ha explicado que el Ayuntamiento cancelará todas las deudas pendientes de pago a pymes y UTE de pymes con facturas anteriores al 30 de abril de este año y contabilizadas hasta el 9 de septiembre. Es decir, Gallardón tiene que pedir un crédito para poder pagar con un retraso mínimo de seis meses cuando la ley marca a las administraciones públicas un límite máximo de 60 días para pagar sus facturas.
Además, abonará las deudas al resto de empresas y uniones temporales de las mismas hasta completar el importe máximo de la solicitud de financiación al ICO, por orden de antigüedad de las facturas, conforme al mencionado real decreto-ley 8/2011 y a las aclaraciones recibidas del ICO.
Con esta financiación se van a abonar a pymes y UTE de pymes 1.395 facturas por un importe de 98,8 millones de euros, el 34,5 % del crédito, y al resto de empresas, 798 facturas por un importe de 187,8 millones de euros.
Piden el dinero y luego se quejan
De forma llamativa tras haber solicitado la línea de crédito, el titular de Hacienda ha criticado las condiciones fijadas en el real decreto-ley para esta línea ICO, porque establecen una obligación de cancelación del importe solicitado en tres años sin periodo de carencia.
"El próximo año -ha dicho- tendremos que consignar ya una amortización de 89,6 millones de euros, más el pago de los correspondientes intereses (18,6 millones), y por lo tanto supondrá un gasto adicional de 108,2 millones de euros con cargo al ejercicio 2012".
Ha añadido que además el tipo de interés es fijo anual del 6,5 % y que esta operación va a suponer un pago de intereses por parte del Ayuntamiento de Madrid de 38 millones a lo largo de los próximos tres años, lo que supone que entre intereses y amortizaciones el importe total asciende a 324,6 millones de euros.