Antes que nada, una precisión semántica: el diccionario de la RAE define despilfarro como "gasto excesivo y superfluo". Esto significa que, en principio, un individuo o un Estado pueden equilibrar gastos e ingresos y no por ello dejar de seguir gastando en cosas que no son básicas ni imprescindibles.
Naturalmente, no todo el mundo entiende lo mismo por superfluo. Rajoy, por ejemplo, debe considerar que seguir gastando miles de millones de euros en televisiones públicas, o que sindicatos, patronal y partidos políticos conserven el 80 por ciento de sus subvenciones directas y el 100 por ciento de las indirectas, o que el Estado siga manipulando el precio real de todo tipo de transporte mediante subvenciones multimillonarias, o que la cultura siga dependiendo del pesebre estatal, o que se mantengan empresas cuyos bienes y servicios no son comprados de manera voluntaria por los ciudadanos, o seguir dedicando miles de millones a la llamada ayuda al desarrollo, lejos de constituir gastos superfluos e innecesarios, son partidas básicas e imprescindibles para afrontar la recuperación económica. No se entiende, si no, que Rajoy los haya mantenido aun a costa de llevar a cabo la mayor subida de impuestos de la historia reciente y, pese a ella, seguir incurriendo en déficit público.
Los que creemos que existen numerosas partidas de gasto e inversión estatales, autonómicas y municipales que deben ser suprimidas antes que subir impuestos y seguir incurriendo en déficit público podremos estar equivocados, pero, desde luego, tenemos todo el derecho a considerar el Plan R de Rajoy como la mayor estafa política que haya perpetrado un dirigente de centro-derecha en toda nuestra democracia. Por lo visto, no ha sido suficiente con que el Gobierno del PP, nada más empezar su andadura, diera la razón a la ministra Sinde y a su mordida en beneficio de la SGAE; por lo visto, tampoco ha sido suficiente elogiar al "ejemplar" Rubalcaba y su política en Interior. Había que dar, además, la razón a los socialistas cuando denunciaban como "oportunismo electoralista" la otrora negativa del PP a subir los impuestos; una negativa que el "previsible" de Rajoy había mantenido hasta el mismo día de su investidura.
Pero quizá lo más bochornoso haya sido la excusa para el engaño; esto es, que el déficit se haya desviado del 6 al 8 por ciento del PIB. Para empezar, y tal y como algunos venimos denunciando desde hace mucho tiempo, buena parte de la responsabilidad de que el déficit público sea aun mayor que el comprometido se debe a manirrotos gobernantes autonómicos y locales del PP. Pero es que, además, el hecho de que el déficit sea mayor que el previsto debería servir para justificar un mayor recorte en el gasto, no para sostener despilfarradoras partidas que el Estado debería suprimir aun en el caso de que se lo permitiera su ya de por sí elevada presión fiscal.
Si este es el "audaz" recorte del gasto público de Rajoy, no sé en qué va a quedar su todavía desconocido plan de reformas.