La espita de los rescates autonómicos acaba de activarse por primera vez en España. Según publica este miércoles El País, el Gobierno ha salido al rescate de la Comunidad Valenciana ante la imposibilidad de devolver un crédito de 123 millones de euros contraído con Deutsche Bank, cuyo vencimiento expiró la semana pasada. Pese a ello, la entidad no lo calificó como "impagado", ya que días después logró alcanzar un acuerdo con la Generalidad valenciana gracias a la intermediación del Gobierno central.
El Ejecutivo habría intercedido para que una entidad financiera concediera otro préstamo a corto plazo y, de este modo, poder amortizar esa deuda pendiente, lo cual implica otorgar un aval verbal por parte del Estado. Es decir, intervino para que dicha autonomía consiguiese un nuevo préstamo con el que satisfacer el primero, aportando de algún modo su garantía de pago en caso de problemas.
En este sentido, fuentes del Ministerio de Economía desmienten que el Tesoro haya avalado formalmente la deuda de la Comunidad Valenciana, sin entrar en más detalles, ya que la ley impide que el Tesoro español garantice de ese modo el pasivo autonómico. La semana pasada se reunieron en Madrid el nuevo titular del Tesoro, Iñigo Fernández de Mesa, y los consejeros valencianos de Economía y Hacienda, Enrique Verdeguer y José Manuel Vela.
Fuentes de la Consejería de Economía valenciana confirman que el pago ya está solventado, pero sin efectuar comentarios adicionales al respecto, limitándose a confirmar que el Tesoro público español "no ha avalado al Consell" para hacer frente a ese vencimiento. Sin embargo, al mismo tiempo, afirman que, "en ningún momento se han utilizado mecanismos de financiación extraordinarios, sino que se han seguido los cauces habituales y normales de colaboración entre la Administración autonómica y el Gobierno central", admitiendo así la intermediación del Estado para solventar la situación.
"No se va dejar caer" a nadie
Estas mismas fuentes aclaran que es la Generalidad "la que ha aportado los fondos para hacer frente a este compromiso financiero con el Deutsche Bank" -mediante un nuevo crédito-, pero "agradece la colaboración con los organismos públicos y las entidades privadas" para "la obtención de liquidez que permitan hacer frente a los compromisos financieros". Preguntado sobre esta cuestión, el vicepresidente del Gobierno valenciano, José Ciscar, ha vuelto a negar este miércoles que el Tesoro Público haya avalado a la Comunidad Valenciana, tras explicar que para pagar ese crédito ha utilizado "recursos propios además de otros mecanismos financieros", que no ha concretado.
Pero, de una u otra forma, la polémica está servida, pues se confirma que el Ejecutivo central intervino de forma directa en esta particular operación de salvamento y, de hecho, todo apunta a que el rescate masivo de CCAA y ayuntamientos insolventes tan sólo acaba de comenzar.
El Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, afirmaba el martes en En casa de Herrero que "Estado somos todos: gobierno central, comunidades y ayuntamientos. Y tenemos que ir de la mano, porque el empleo lo vamos a generar entre todos [...] Y no se va dejar caer a ninguna administración pública". Pero, a cambio, "todos, Estado central, comunidades autónomas y ayuntamientos, tenemos que hacer reformas y ajustar nuestros gastos a nuestros ingresos".
El PP defiende los rescates autonómicos
Así pues, el Gobierno está dispuesto a acudir al rescate de CCAA y ayuntamientos en problemas, mediante avales u otros mecanismos financieros, tal y como venía defendiendo el PP en los últimos meses. Valencia ha sido la primera en iniciar este proceso.
El hoy presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pactó con sus presidentes regionales una posición común el pasado julio de cara a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebró por entonces, en donde ya se posicionaba claramente a favor de este tipo de rescates. Según consta en dicha declaración, la dirección del PP y sus autoridades regionales solicitaban el aplazamiento a 10 años de la deuda que las CCAA deben abonar al Estado por los anticipos a cuenta de más recibidos en ejercicios previos.
Esta posibilidad volvió a barajarse hace escasas semanas, tras la victoria electoral del PP, hasta el punto de que algunas autonomías populares, como Extremadura, ya han elaborado sus presupuestos para 2012 dando por hecho tal aplazamiento. Pese a ello, esta posibilidad fue desmentida casi de inmediato por Génova. El PP defendió en julio que este retraso de pagos al Estado "no implicaría incremento alguno de deuda pública", si bien significaría "unas menores necesidades de financiación" de las comunidades.
En esta misma línea, el partido que ahora gobierna apostaba por crear un "procedimiento reglado" de concesión de avales del Estado a las emisiones de deuda autonómica, aunque comprometiéndose a estudiar caso por caso para ver si esos fondos son necesarios y a dónde van destinados. En su declaración, los populares limitaban estos avales a aquellas comunidades que "estén al corriente del cumplimiento de sus objetivos de estabilidad presupuestaria", es decir, a las que se ajusten al techo de déficit público. A cambio, la región beneficiaria se comprometería a implantar nuevas medidas de ajuste para reducir el gasto público, así como un plan para racionalizar (adelgazar) la administración.
Esta medida está siendo barajada ya por el Gobierno. Según informaba ABC la semana pasada, el Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro estudia la posibilidad de avalar la deuda de las regiones que cumplan sus objetivos de déficit de manera que puedan financiarse en el mercado a partir del primer trimestre. Una de las principales opciones consistiría en centralizar todas las emisiones de deuda autonómica mediante la fórmula de hispanobonos, utilizada por otros países con deuda regional. Una inédita figura que, desde hace meses, vienen reclamando distintas CCAA, sobre todo, Cataluña.
Casualidad o no, la cuestión es que la Generalidad valenciana ha anunciado este miércoles que reducirá sus actuales 46 empresas públicas a un total de seis. Ésta es una de las medidas del paquete económico con el que pretende lograr un ahorro de 1.000 millones de euros, y que se dará a conocer el jueves. El Gobierno valenciano presentará un nuevo mapa del sector público, con menos empresas y entes regionales, así como otras medidas para "diseñar una nueva administración" y "adelgazarla", según avanzó Císcar. Además, abre la puerta a emplear las embajadas y consulados de España en el exterior en lugar de mantener sus propias miniembajadas, tal y como propuso esta semana el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo.
Por último, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en el Consejo de Ministros del pasado viernes una cláusula en materia de financiación regional que abriría, igualmente, la puerta a los rescates autonómicos mediante la inyección de fondos extra, según los expertos consultados. Así, el Real-Decreto de medidas económicas urgentes publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) incluye el siguiente párrafo:
Artículo 11. Entregas a cuenta del Fondo de Suficiencia Global.
Para el pago de las entregas a cuenta del Fondo de Suficiencia Global correspondientes a 2012 en situación de prórroga que resultan de la aplicación de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, se utilizarán los créditos que, para cada Comunidad Autónoma y Ciudad con Estatuto de Autonomía, figuran en la Sección 36 "Sistemas de financiación de Entes Territoriales", Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales", Programa 941M "Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en los ingresos del Estado", concepto 451 "Fondo de Suficiencia Global".
Nada nuevo. El Ejecutivo prorroga el reparto de fondos que establecían los Presupuestos Generales del Estado de 2011 (PGE) hasta que no se presente el nuevo proyecto de cuentas públicas. Pero lo importante viene a continuación:
A tal efecto, en el momento en que los indicados créditos resulten insuficientes para el pago de las entregas a cuenta indicadas se realizarán las transferencias de crédito oportunas.
Es decir, que el Gobierno central se compromete a aportar más dinero si las partidas prorrogadas resultan insuficientes para cubrir la financiación de servicios básicos de las CCAA, lo cual les permitiría de facto emplear recursos adicionales para hacer frente al pago de compromisos financieros, evitando así la temida quiebra.
Dramática situación financiera
Muchas regiones españolas, con una deuda pública basura según las agencias de calificación crediticia, han sufrido el cierre total del mercado para sus emisiones, provocando así graves problemas de liquidez, incluso para abonar las nóminas a sus funcionarios.
Los inversores dudan, con razón, de la solvencia de múltiples entes territoriales. No en vano, la deuda autonómica se ha disparado de forma generalizada desde el inicio de la crisis (2007) y, por el momento, la ansiada austeridad pública que exige el mercado brilla por su ausencia. En el caso de la Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha y Baleares el nivel de endeudamiento respecto a su PIB se sitúa en cifras récord. Madrid y País vasco, por el contrario, son las comunidades con menor deuda elativa (en relación a su PIB).
Asimismo, según los últimos datos de ejecución presupuestaria difundidos por Economía, correspondientes al tercer trimestre del pasado año, la mayoría de CCAA superan o están cerca de incumplir los límites máximos de déficit fijados para el conjunto 2011: Andalucía (-1,11%), Cantabria (-1,19%), Castilla y León (-1,25%), Cataluña (-1,34%), Principado de Asturias (-1,57%), Extremadura (-1,98%), Comunidad Valenciana (-2 ,32%), Región de Murcia (-3,03%) y Castilla-La Mancha (-4,84%).
Y mientras, el tiempo corre en su contra... Las regiones más endeudadas, como la Comunidad Valenciana o Cataluña, deberán afrontar en 2012 vencimientos de deuda de 4.700 millones de euros y 6.000 millones, respectivamente.