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La UE continúa dividida sobre el refuerzo del capital de la banca

Han suspendido temporalmente la sesión de trabajo para que "los países más preocupados", unos siete, puedan realizar consultas bilaterales.

Los países de la UE aún están divididos sobre algunos elementos clave de la nueva norma para los requisitos de capital para la banca, sobre todo en el grado de flexibilidad que deben tener las capitales para endurecer las exigencias.

Los ministros de Economía de la UE, reunidos de forma extraordinaria para intentar alcanzar a un acuerdo, han suspendido temporalmente la sesión de trabajo para que "los países más preocupados", unos siete, puedan realizar consultas bilaterales e intentar forjar un consenso, indicaron fuentes diplomáticas. En las consultas participan Reino Unido, Italia, Francia y Alemania, entre otros.

Frente a un grupo de países encabezados por Reino Unido, Suecia y Polonia y la República Checa, que exigen más margen de maniobra para aumentar los requisitos, otro grupo, liderado por Francia y la Comisión Europea, pide una armonización máxima para no socavar el mercado único y generar desapalancamientos y desequilibrios.

La nueva norma exigirá al sector tener un coeficiente mínimo de capital ordinario del 4,5% de los activos ponderados por riesgo, un capital de máxima calidad del 6% y un capital total del 8%.

Además introduce un colchón o reserva de conservación de capital del 2,5% para todos los bancos en la UE y un colchón anticíclico, que se fijará a nivel nacional y se creará en tiempos de crecimiento económico, de entre el 0 y el 2,5%.

Pero el margen que se les da a los países miembros en la regulación para imponer, durante dos años ampliables, requisitos más estrictos, previa autorización de la Comisión Europea para mitigar riesgos sistémicos no satisfacía a los Estados suficientemente.

La presidencia danesa de turno de la UE, en un intento de conciliación, ha propuesto crear otro colchón, el sistémico, para que los países puedan imponer un requisito adicional de capital de hasta un 3 % sin consultar a Bruselas.

Más allá de ese umbral necesitarían la autorización de la Comisión Europea, que a su vez tendría que consultar al Consejo Europeo de Riesgos Sistémicos (CERS) y a la Autoridad Bancaria Europea (ABE).

El ministro sueco de Economía, Anders Borg, insistía en un 5%. "O tenemos bancos fuertes o los contribuyentes pagan el riesgo", dijo.

Su homólogo británico, George Osborne, dijo que "si todos queremos unas normas conjuntas para terminar con 27 regímenes diferentes, este proyecto va a ser un auténtico fracaso. Ya tenemos Basilea III y hay muchos interrogantes sobre el sector bancario en Europea; no aplicarlo (...) podría ser un fracaso político y económico para nuestro continente".

No obstante, se mostró de acuerdo con un aumento del 3 % o incluso más. El comisario europeo del Mercado Interior y Servicios Financieros, Michel Barnier, pidió limitar la flexibilidad.

"Puedo aceptar esta propuesta del 3 %, este colchón de capital adicional, incluso (uno) ligeramente superior, siempre que vaya acompañado por un razonamiento por parte del Estado miembro y del país de acogida, pero no puedo aceptar más sin autorización previa de la Comisión o de la ABE" e incluso del país de acogida, dijo.

Advirtió de que el mercado interior "se acabaría" si cada país modificara a su antojo el coeficiente de apalancamiento, el de la cobertura de liquidez y los requisitos de capital.

El ministro de Economía francés, François Baroin, dijo que el compromiso danés le parece aceptable y cedería en otros temas, como la publicación del apalancamiento (deuda sobre fondos propios) en 2015 y la introducción del coeficiente en 2018 si todos lo hacen.

El ministro español, Luis De Guindos, advirtió de las consecuencias de una norma descafeinada, porque eso mandaría una señal equivocada a los mercados.

"Aprecio la propuesta de la Presidencia, ésta va en la dirección adecuada, pero deberíamos analizar la posibilidad de aumentar esta flexibilidad a liquidez y apalancamiento".

El viceministro italiano, Vittorio Grilli, alertó de que la idea de dar una gran discrecionalidad a nivel nacional es errónea, porque la experiencia de la crisis de 2008 "nos indica claramente que no teníamos suficientes normas comunes y coordinación de la supervisión a nivel mundial". 

 

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