Terminó el Consejo de Europa y, contra lo habitual, con decisiones ejecutivas para paliar, si no resolver, problemas de carácter financiero. Esta vez estoy de acuerdo con la resolución final, aunque esperaré más información para comentarios más rigurosos. De nada sirve lamentarse por las malas prácticas pasadas; necesitamos financiación y prefiero la financiación directa al sector bancario a la que pudiera hacerse a través del Estado. Las razones son varias.
En primer lugar porque las condiciones que imponga la Unión Europea a los receptores de esta inyección estarán exentas de esa benevolencia melancólica, abundante en discrecionalidad, que da la impresión de ser deudores los reguladores y no el sector bancario. Sin ir más lejos, una de esas condiciones podría ser la viabilidad de la entidad a financiar, negando la ayuda a quienes no tengan posibilidades de supervivencia. Estoy convencido de que en Europa consideran que una fusión entre entidades insolventes sólo concluye en una entidad de insolvencia mayor.
Por otro lado, convendría que se fijara una vigilancia estrecha por las autoridades supervisoras. La tolerancia o elusión de responsabilidades, a pretensión de evitar escándalos, es la antesala de la desconfianza y de la subsiguiente quiebra. Vigilar qué se hace con ese dinero, y hacerlo con rigor y puntualidad, es la garantía del éxito en el fin que se pretende.
La economía española está en dificultades; la financiación no fluye, de un lado, porque si hay un euro líquido, o se compra deuda pública, o se deposita en el Banco Central Europeo para atender a los vencimientos respectivos deudores. Esta inyección, debería dar fortaleza financiera al sector para cumplir con su primordial función: la de asignar medios de pago a los agentes económicos, para que la economía real se desenvuelva con agilidad a precios estables.
Por otro lado, no menos importante, la inyección directa de recursos al sector financiero, permitirá mayor transparencia para conocer los costes de la misma y, más aún, para conocer que tales costes recaen sobre las entidades receptoras. Quien no reciba financiación no tiene por qué asumir coste alguno de ella, y menos todavía los españoles, que hemos sido victimas de los despropósitos de buena parte del sector.
Y, hablando de costes, me parecen fuera de lugar, además de peligrosas, las posiciones de autoridades, entre ellas algún Comisario europeo, de reconocer garantías a lo que por su naturaleza no las tiene. Me refiero a las famosas preferentes o productos semejantes. De ordinario, ni el vendedor ni el comprador están legitimados para invocar amparo. Si el primero utilizó malas prácticas, cárguese sobre él el daño de las mismas. Si el comprador, por el contrario, abundó en sagacidad sustituyendo depósitos al 0,5 o al 1,0% (garantizados por el FGD) por preferentes al 6%, que acepte su error y que asuma el quebranto correspondiente. La responsabilidad está sólo en esos dos protagonistas, no desplacemos a los demás el problema.
Hoy por hoy, gracias y enhorabuena, presidente Rajoy.