1-VIII-2012

La rebeldía autonómica exige mayor firmeza del gobierno

La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera se celebró ayer con la ausencia de Cataluña, la comunidad autónoma más endeudada, y la huida a media sesión de la responsable económica de Andalucía que, además, amenaza con recurrir los acuerdos adoptados. El estrambote de estas ausencias no exime a sus protagonistas de cumplir los compromisos surgidos de la reunión, como oportunamente recordó el ministro Montoro al término del Consejo, así que el comportamiento de los socialistas andaluces y los nacionalistas catalanes no pasa de un gesto hacia sus votantes sin mayor implicación política.

Sorprende el gesto de la comunidad andaluza protestando porque el gobierno le pida cumplir, en régimen de igualdad con el resto de autonomías, las exigencias de moderación presupuestaria que de hecho están presentes en nuestra constitución a través de la reforma de su artículo 135, impulsada precisamente por el gobierno socialista de Zapatero meses antes de abandonar el poder, en consonancia con los principios rectores de la Unión Europea en materia presupuestaria. Será interesante comprobar si los socialistas andaluces tienen el cuajo de llevar el asunto ante el Tribunal Constitucional, de cuya eventual sentencia surgirán nuevas certezas sobre la necesidad de suprimirlo en caso de que ayude a vulnerar un principio tan claro como el de estabilidad presupuestaria que desde el año pasado opera con todas sus consecuencias en nuestra Carta Magna.

De nada sirve hacer valer, a estas alturas de la crisis, el menor grado de endeudamiento de algunas comunidades para preservar el derroche autonómico. Vivimos una situación de emergencia nacional y precisamente las comunidades que más margen tienen para cumplir las exigencias de endeudamiento máximo en los próximos años, como Andalucía, son las que deberían dar ejemplo a las demás si sus rectores actuales tuvieran un mínimo sentido de Estado.

El gobierno, por boca de Montoro, ha mantenido una postura de firmeza negándose a relajar unos objetivos de déficit cuya observancia es imperativa para el mantenimiento de nuestra soberanía financiera. Ahora queda por comprobar si ese mismo gobierno, enérgico en el lenguaje, va a ser capaz de aplicar las sanciones que su propia legislación en la materia establece para casos de contumacia como los que se adivinan ya en los gestos más recientes de nacionalistas y socialistas autonómicos. Desde luego, su actitud resignada en algunos conflictos recientes como el de la minería no es algo que invite precisamente al optimismo.

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