Las Comunidades Autónomas representan hoy por hoy la "principal amenaza" para que se incumpla el compromiso adoptado con la UE de acabar el ejercicio con un déficit, para el conjunto de las administraciones públicas, del 6,3% del Producto Interior Bruto (PIB). Ésta es la principal conclusión del III Informe de Fedea del Observatorio Fiscal y Financiero sobre las Comunidades Autónomas, dirigido por los profesores José Ignacio Conde Ruiz y Juan José Rubio. En él se realiza una evaluación de los Planes Económicos y Financieros de Reequilibrio 2012-2014 presentados por las CCAA.
El estudio señala que, en el supuesto de que las CCAA sean capaces de implementar al 100% las medidas anunciadas en sus PEF, el déficit estimado para el año 2012 se situaría en el 2,2% PIB, siendo la desviación respecto al Objetivo de Estabilidad Presupuestaria (OEP) de -0,7% PIB (es decir, un 50% superior al objetivo). Solamente tres comunidades cumplirían el OEP (Galicia, Navarra y La Rioja). Las CCAA que más se desviarían de su objetivo serían Castilla La-Mancha y Cataluña. En el caso de que las Comunidades no tomasen las medidas anunciadas en sus PEF, su déficit se elevaría hasta alcanzar el 4% PIB (un 166% superior al objetivo del 1,5%).
En el informe se pone de relieve que existen serias dudas de que las CCAA sean capaces de cumplir con sus propios PEF y de que dichos planes sirvan para realizar una consolidación exitosa por tres motivos:
- Escasa reducción de los gastos de personal observada hasta el momento. Esta medida pretendía reducirse en un 3.636 millones de euros (-6,36%) para todo el año 2012 y solo se ha reducido en 136 millones de euros en el primer trimestre de 2012.
- Gran parte de las medidas presentadas en los PEF son de una sola vez y, por lo tanto, tendrán efectos muy limitados sobre el déficit estructural. Solo el 53% del incremento del ingreso y el 84% de la reducción de los gastos son de carácter permanente.
- Los ajustes en Contabilidad Nacional presentados en los PEF para el año 2012 no son nada creíbles por dos motivos: se espera que la cuenta 409 genere ajustes positivos muy elevados y el resto de ajustes se estima que aporten menos déficit del habitual.
Por otro lado, es importante tener en cuenta que el 13 de julio el Gobierno presentó un paquete de medidas extra para aumentar los ingresos tributarios y reducir los gastos. Entre las medidas más destacadas se encuentra la subida del IVA, la supresión de una paga a los funcionarios y de la desgravación por compra de vivienda. También se ha procedido a recortar las prestaciones por desempleo y los gastos ministeriales.
De todas ellas, la única medida que afecta al déficit de las CCAA en 2012 es la supresión de la paga extra de los funcionarios. Suponiendo que este recorte se añada al anunciado en los PEF (algo que no parecen dispuestos a hacer algunas regiones) el efecto sobre el déficit sería de 3.442 millones de euros. Es decir, si esta medida se uniera a las de los PEF y si éstos se cumplieran plenamente (algo sobre lo que los autores muestran serias dudas) seguiría sin ser suficiente para cumplir el objetivo de déficit, que se situaría entonces en el 1,92% del PIB.
Ejercicio fiscal "muy complicado"
El informe reconoce que el año 2012 es un ejercicio "muy complicado para las CCAA", ya que tienen que alcanzar un déficit del -1,5% del PIB cuando el año 2011 terminaron con un déficit del -3,34%. Esto supondría una reducción del déficit de 1,8 puntos porcentuales respecto al déficit registrado en 2011. Además, "el cumplimiento de los objetivos fijados por el Gobierno para las CCAA se torna más que complicado en un escenario macroeconómico adverso, de plena recesión económica y con fuertes dificultades para financiarse en el mercado de deuda a tipos de interés sostenibles", añade el estudio.
Las CCAA han sido las principales responsables del incumplimiento del objetivo de déficit. Sin ir más lejos, tras los últimos ajustes, son responsables del 70% del desvío del déficit del año pasado (se desviaron en 2,04 puntos de PIB, cuando el desvío total fue de 2,91 puntos).
Tras unos presupuestos presentados a principios de año poco creíbles, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) publicó el 17 de mayo de 2012, los PEF elaborados por las CCAA. Como resultado, el CPFF consideró que todas las autonomías excepto Asturias, que tuvo que elaborar un segundo PEF que fue aprobado por el CPFF el 12 de julio, habían introducido medidas idóneas para cumplir con el OEP del -1,5% PIB en 2012.
Los planes presentados por las autonomías son "muy ambiciosos tanto en la parte de reducción de gastos como aumento de ingresos", según Fedea, pero insuficientes para alcanzar el objetivo de déficit. Como no podía ser de otra manera, las autonomías que más esfuerzo han presentado en sus planes son aquéllas que más se desviaron de su objetivo de déficit en el año 2011.
La principal vía para conseguir aumentar los ingresos de los PEF es a través de Ingresos de Capital (representan un 31% del total de medidas de ingresos) y se materializan a través de la enajenación de inmuebles, afectando únicamente a los ejercicios en los que se produzcan las ventas. También destaca el esfuerzo que realizarán las autonomías a través del aumento de los impuestos, tanto directos como indirectos (representan casi el 30% del total de medidas de ingresos). Así por ejemplo: se realizará un incremento de los tramos de IRPF, el aumento del gravamen y la introducción del Impuesto del Patrimonio restablecido por el gobierno a través del Real Decreto-Ley 13/2011 del 16 de septiembre, el céntimo sanitario, aumento del gravamen de los Actos Jurídicos Documentados, etc.
En referencia a los gastos, la mayor parte del ajuste (28% del total medidas) se realizará vía Gastos de Personal (por medio de congelación de las convocatorias de oferta de empleo público, reducción de las interinidades, disminución del salario, aumento de la jornada laboral, reducción de los días de vacaciones, eliminación de beneficios de los funcionarios, medidas de control de absentismo, etc.). Además, hay que puntualizar que los PEF incluyen las medidas anunciadas por el Gobierno para recortar gastos en el ámbito educativo y sanitario que están recogidas en el Real Decreto-Ley 14/2012 del 21 abril y en el Real Decreto-Ley 16/2012 del 24 de abril.