A todos aquellos que albergasen esperanzas de que los Presupuestos Generales del Estado fuesen una herramienta eficaz para solucionar los gravísimos problemas de nuestra economía, la larguísima rueda de prensa en la que se han presentado este jueves habrá dejado un poso de profunda decepción: estos PGE no son, ni mucho menos, lo que precisamos en la gravísima situación en que nos encontramos.
No lo son por dos grandes razones: la primera, porque van en un sentido diametralmente opuesto al necesario; la segunda, porque minan la credibilidad de un Gobierno que no cumple sus promesas más básicas y no es capaz de decir la verdad sobre sus propias cuentas. La pérdida de credibilidad del Gobierno redunda en perjuicio de la credibilidad del país. Justo lo que nos faltaba.
Sáenz de Santamaría, Montoro y De Guindos se presentan como apóstoles de la austeridad, y presumen de haber confeccionado los PGE más austeros de la historia, pero la realidad es que el gasto público sube un impresionante 5,6%.
Es una subida inevitable, si tenemos en cuenta los principios que parecen haber animado al Ejecutivo en su tarea: prioridad absoluta al "gasto social", como se ha ufanado en varias ocasiones el titular de Hacienda, y negativa a acometer reformas profundas en la estructura del Estado.
Se trata de un modelo que firmaría cualquier partido socialdemócrata europeo: más gasto sustentado en más impuestos, en este caso media docena de gravámenes extra, con los que –calculan Montoro y compañía– se extraerán 4.000 millones de euros de los exhaustos bolsillos de los ciudadanos y de las cuentas de nuestras baqueteadas empresas. Un modelo que opta por el perverso mecanismo de la subvención en vez de por dejar el dinero en manos de individuos y empresas, que son los que de verdad saben qué hacer con él y cómo convertirlo en inversiones productivas. Como muestra de dispendio disparatado está el Plan PIVE, para costear coches verdes.
Por último, no podemos dejar de citar algo que debería quedar en el debe de este Gobierno y del ministro Montoro para siempre: el flagrante incumplimiento de su promesa de bajar las cotizaciones sociales a las empresas. El titular de Hacienda se comprometió a ello para justificar la brutal subida del IVA hace tan sólo unos meses; finalmente, la voracidad recaudatoria ha podido más que la palabra dada, palabra que ha perdido todo su valor.
Es la enésima mentira de Montoro y del Gobierno al que pertenece, récord difícil de igualar y que, por supuesto, lastra la credibilidad de unos PGE que quedan al albur de que, en cualquier momento, a alguien se le ocurra una idea más para exprimir los bolsillos del contribuyente, de esa mayoría silenciosa de la que hablaba ayer mismo Rajoy en términos elogiosos y a la que ha vuelto a maltratar.
Con estos PGE la salida de la crisis se aleja todavía más.