El titular del juzgado de instrucción número 27 de Barcelona ha citado a declarar como imputada a la empresaria M.B.S., hija del fundador de la marca Chupa Chups, a raíz de la querella por presunto fraude fiscal de 1,3 millones de euros presentada por la Fiscalía. Según han informado a Efe fuentes judiciales, la imputada está citada a declarar el próximo 24 de octubre ante el juez por un delito contra la Hacienda Pública en grado de tentativa por haber solicitado una devolución supuestamente improcedente del IVA de 1,3 millones.
La Fiscalía de Barcelona ha presentado una querella contra la empresaria, que junto a sus cuatro hermanos administró el grupo Chupa Chups hasta su venta en 2006, por deducirse presuntamente gastos de una vivienda de su propiedad que ella misma se arrendaba. La querella deriva de un informe de la Agencia Tributaria que detectó el supuesto fraude fiscal durante los años 2006 a 2009 y, por ese motivo, no devolvió a la empresaria la deducción del IVA que solicitaba.
El ministerio público acusa de un delito contra la Hacienda Pública en grado de tentativa a la empresaria, hija del fundador de la empresa fabricante de los populares Chupa Chups y que la administró junto a sus otros tres hermanos hasta 2006, cuando la vendieron al grupo italiano Perfetti Van Mell, informa Efe.
Según mantiene el fiscal en su querella, M.B.S. era dueña de la empresa PIBLAT ZONE S.L., que en octubre de 2006 adquirió por 9,5 millones más un IVA de 668.500 el inmueble que constituye el domicilio habitual de la querellada y su familia. La querellada firmó en 2009 con PIBLAT ZONE un contrato de arrendamiento con prestación de servicios complementarios, en el que la empresa se comprometía a ceder el uso de la casa y a atender sus gastos de mantenimiento, limpieza, seguridad y reposición de enseres por 13.000 euros mensuales.
En base a la relación jurídica establecida con su propia empresa, M.B.S. se dedujo el IVA soportado de todas aquellas compras, servicios y suministros relacionados con la vivienda en cuestión producidos durante el período 2006-2009. "Así, gracias a tal simulación contractual, la querellada evitó situarse en la posición de consumidor final que le hubiera conducido a tener que soportar el IVA de sus adquisiciones sin posibilidad de deducción alguna como el común de los ciudadanos", sostiene en su querella el fiscal Francisco Bañeres.