Cataluña calcula que, en el período 1995-2010, aportó a la Seguridad Social un total de 24.774 millones de euros, según un informe elaborado por el Departamento de Economía de la Generalidad colgado hoy en su web. Este departamento hace este cálculo a partir de la liquidación del presupuesto de la Seguridad Social y de los organismos autónomos, agencias estatales y otros organismos públicos.
Según la Generalidad, las aportaciones catalanas al sistema (gracias al número de cotizantes) fueron superiores a las prestaciones (pensiones y desempleo) recibidas por esta comunidad autónoma.
La única excepción a esa norma se produjo entre 1995 y 1996, y entre 2009 y 2010, según la Generalidad, ya que debido a la crisis económica subieron las prestaciones pagadas en Cataluña y bajaron las cotizaciones. La realidad es que en 2011 también incumplió la premisa que mantiene el informe. De hecho, este desfase entre lo que aporta y lo que recibe se empezó a acentuar en los últimos tres años. En 2011, el último ejercicio cerrado, los ingresos por cotizaciones de Cataluña ascendieron a 18.373 millones y los gastos fueron de 19.541 millones. Además la tendencia es creciente pese a que es cierto que durante años ha aportado más de lo que ha recibido.
Aunque el presidente de la Generalidad mediante su discurso victimista pretende hacer ver a los catalanes que salen perdiendo en el reparto de recursos, los datos muestran que sale sustancialmente beneficiada en comparación con otras regiones ricas aportadoras netas de recursos, como es el caso de Madrid.
En el balance sobre lo que aporta y recibe de la Seguridad Social en ese período, la Generalidad calcula que el déficit de Cataluña en 2009 fue de 1.252 millones y de 2.142 millones en 2010, y añade que el déficit de España, si no contase con Cataluña, habría sido en 2009 de 21.932 millones y de 26.317 millones en 2010.
Mientras Cataluña habría tenido en solitario un saldo acumulado positivo de 3.384 euros por persona, equivalente al 12,7 % del PIB catalán, si España no contase con esta comunidad habría tenido un saldo negativo de 2.228 euros por persona, equivalente al 10,1 % de su PIB. La Generalidad ha dado a conocer este informe en un momento en que se debate la viabilidad económica de Cataluña en caso de independencia.