El dueño de Louis Vuitton traslada su fortuna a Bélgica para no tributar en Francia

El magnate francés del lujo Bernard Arnault, que controla el grupo LVMH, ha transferido el grueso de su fortuna a Bélgica, meses después de saberse que ha pedido también la nacionalidad, para pagar menos impuestos.

El diario Libération revela este jueves el complejo montaje jurídico de la operación formalizada por Arnault el 7 de diciembre de 2011 para transferir a una sociedad de derecho belga (Pilinvest) su participación en el consorcio familiar que controla en particular LVMH. Eso incluye el 31% del grupo Arnault del que es directamente propietario valorado en unos 6.500 millones de euros, y el usufructo del 48,5% cedido a sus cinco hijos, lo que significa que el 90% de los dividendos están radicados en Bruselas y no en Francia, señaló el periódico francés.

Fuentes del entorno del empresario de 63 años citadas por Libération justificaron la transferencia por su voluntad de poder garantizar la integridad de su grupo en caso de morir, ya que todas sus partes pasarían entonces a una fundación privada, también de derecho belga (Protectinvest) y allí se mantendría hasta 2023, cuando el menor de sus hijos cumpla 25 años.

Durante todo ese periodo, los herederos recibirían los dividendos pero no podrían vender el conjunto, que estaría dirigido por un grupo de expertos encabezados por el exministro francés de Finanzas y empresario Thierry Breton. El entorno de Arnault insistió en que todo ese montaje "hubiera sido jurídicamente imposible en Francia" y por eso se optó por Bélgica.

El interesado, primera fortuna francesa, había hecho hincapié en septiembre, cuando se supo que había pedido la nacionalidad belga, que no lo hacía por motivos fiscales y que seguiría pagando sus impuestos en Francia.

La cuestión de la domiciliación en el extranjero de algunos grandes patrimonios franceses ha sido uno de los temas de actualidad en Francia en las últimas semanas, en relación con la promesa electoral del presidente francés, François Hollande, de imponer un impuesto del 75% a las ganancias anuales superiores a un millón de euros. Ese proyecto de impuesto fue censurado por el Consejo Constitucional a finales de diciembre y el Gobierno se ha comprometido a presentar una nueva formulación, aunque sin garantizar que se mantendrá ese tipo del 75%.