Andalucía prohibirá los desahucios durante 3 años

Las multas económicas, que no afectarán a las personas físicas, irán dirigidas principalmente a bancos y entidades inmobiliarias.

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El Gobierno andaluz sale al rescate del mercado inmobiliario. Ya anunció su plan la Consejería de Fomento y Vivienda el pasado mes de diciembre: la Junta va a sancionar la existencia de viviendas libres vacías.

Así, la Junta ha preparado modificaciones e iniciativas legislativas con vistas a poder sancionar la existencia de viviendas libres vacías y para potenciar el alquiler de las viviendas libres en stock. Según informa la cadena SER, el ejecutivo andaluz ya tiene preparado el Decreto-ley sobre la función social de la Vivienda, y piensa aprobarlo mañana martes.

La norma pretende sancionar a las personas jurídicas que tengan viviendas vacías. Por lo tanto, las multas económicas, que no afectarán a las personas físicas, irán dirigidas principalmente a bancos y entidades inmobiliarias, que son las que tienen la mayoría de las viviendas vacías.

Además, en una disposición adicional, el decreto declarará el carácter in-embargable de la vivienda cuando se den una serie de circunstancias que son las que sufren "la mayoría de las familias que están siendo desahuciadas". En esos casos, osea en todos, quedarán prohibidos los desahucios durante tres años como mínimo.

"Proteger a compradores y avalistas"

Por otro lado, la secretaria general de Consumo de la Junta, Dolores Muñoz, ha puesto en valor el respaldo expresado por el Parlamento andaluz a la futura Ley para la protección de los derechos de los consumidores en la contratación hipotecaria en la que trabaja su departamento y que persigue "blindar y proteger a la parte más débil cuando se formaliza un contrato hipotecario con las entidades bancarias".
 
Según informa la Vicepresidente de la Junta en un comunicado, Muñoz ha señalado que el compromiso expresado por el propio presidente andaluz, José Antonio Griñán, en el último Pleno del Parlamento "refuerza aún más el trabajo" realizado por la Secretaría General de Consumo y "va a acelerar el desarrollo" de la ley tras un proceso participativo que concluyó el pasado 8 de marzo y en el que las organizaciones de consumidores y la ciudadanía "se han empleado a fondo".
 
La secretaria general de Consumo ha destacado que el objetivo es que "Andalucía lidere la defensa de los derechos de la parte más débil cuando se formaliza un contrato hipotecario, teniendo en cuenta que el Estatuto de Autonomía nos otorga las competencias plenas de la defensa de los consumidores y nos encomienda el trabajo que con esta norma estamos dando respuesta".
 
"Será una Ley que actuará en el ámbito de la prevención y que afectará tanto a las personas que suscriban una operación con garantías hipotecarías como a las que les avalen", ha subrayado Muñoz, que ha resaltado que la futura norma "piensa en el presente y en el futuro y conlleva una mayor transparencia en la información para proteger a la ciudadanía en la contratación de créditos hipotecarios, así como en el caso de incumplimiento ante la pérdida de la vivienda y la demanda de cantidades, a veces abusiva para la persona".

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