En medio de la crisis económica más grave de las últimas décadas en Chipre, que le ha obligado a ponerse en manos de la troika, el presidente del país, Nikos Anastasiadis, lanzó este lunes un ambicioso programa de reforma de la Administración y el Gobierno para recuperar la fe ciudadana en el sistema político.
La crisis en la isla mediterránea, que se ha llevado por delante a los dos principales bancos, con la quita de parte de los depósitos superiores a 100.000 euros, ha reducido la confianza de los chipriotas hacia sus gobernantes. "Tras mi elección he constatado la necesidad no sólo de reorganizar el Estado, sino también de reconstruir la confianza de los ciudadanos en el sistema político", afirmó el conservador Anastasiadis durante la presentación de este nuevo programa de reformas.
Entre las medidas anunciadas se incluye un cambio constitucional para ampliar los supuestos en los que el presidente podrá ser juzgado y también levantar la inmunidad de los diputados, que podrán ser perseguidos por cualquier tipo de delito. También será introducida otra modificación de la Carta Magna que impedirá al presidente y a los alcaldes presentarse a un tercer mandato, mientras que los diputados y los concejales no podrán ser elegidos por tres legislaturas consecutivas, aunque sí alternas.
Se despenalizará el no ejercicio del voto, hasta ahora obligatorio para todos los chipriotas mayores de edad. Todos los cargos públicos deberán anunciar su propiedad antes y después del ejercicio de su cargo. Igualmente prometió la aprobación de la iniciativa legislativa popular, que necesitará de la recogida de 10.000 firmas y obligará a su debate en el Parlamento. "Parte de las críticas de los ciudadanos a los políticos es que no son sinceros con el pueblo y que se olvidan de sus promesas una vez conseguidos sus objetivos electorales. Con el anuncio de hoy quiero contradecir esta regla", aseguró.
La Administración Pública también será reducida para ahorrar costes, simplificando procedimientos, introduciendo la posibilidad de hacer gestiones por internet y estableciendo colaboración con el sector privado. Además aumentará la supervisión de los ministerios a través de comisiones de control que vigilarán el cumplimiento de los objetivos de gasto y cada organismo del Estado deberá hacer públicas sus decisiones en internet. "Cada ciudadano tendrá acceso a todos los documentos del Estado que le conciernen, excepto los que tengan que ver con la seguridad nacional", anunció Anastasiadis. También propuso crear tribunales extraordinarios para juzgar casos urgentes, así como la creación de un Defensor del Cliente para proteger los derechos de los usuarios de banca.
En cuanto a los funcionarios, se introducirán exámenes de selección más duros, se tendrá en cuenta su experiencia profesional previa, y una comisión de seguimiento hará una evaluación continuada de su trabajo. "Una de las patologías del sistema político que ha contribuido a depreciar la imagen de los políticos a los ojos de los ciudadanos, es la falta de fiabilidad del sistema de contratación y promoción de los empleados del sector público", reconoció el presidente. "Conceptos como la meritocracia, la buena gestión, la responsabilidad política, los deberes del Estado hacia sus ciudadanos, que hasta el momento eran proclamaciones vacías de significado, ahora son necesidades nacionales debido a la crisis", aseguró.
El presidente chipriota explicó que todas estas reformas legales y constitucionales deberán ser aprobadas por el Parlamento antes del próximo 15 de junio. El programa anunciado se une a las medidas de estimulación de la economía y el empleo anunciadas hace dos semanas (básicamente, la subvención pública a la contratación privada de parados) para tratar de reducir el impacto de las impopulares medidas que incluye el memorándum de rescate financiero firmado por el Gobierno de Anastasiadis con la troika.
El memorándum, que será votado el martes por el Parlamento, incluye el aumento del impuesto de sociedades, de los impuestos indirectos, la privatización de una serie de empresas públicas y semipúblicas y la reestructuración del sistema bancario, ya en curso.