No es la primera vez, pero sí es una ocasión más para reafirmar la arrogancia del sector público abrogándose una competencia de la que carece. Me refiero a la marcha del FROB en la atribución de recursos a las entidades Catalunya Banc y Nova Galicia Banco, particularmente, para enderezar su gestión.
¿Qué prerrogativas tenían los nuevos gestores de estas entidades para suponer que, como hadas madrinas, iban a convertir en esplendor lo que era un caos? Lo único que sí está claro es que su magia se reduce a insuflar más y más dinero para un salvamento que habría sido más racional dejarlo en hundimiento.
En esta materia, la petulancia del sector público, que jamás ha sido capaz de gestionar con sentido económico sus propias empresas, no tiene límite. Una cosa es que las entidades financieras de que estamos hablando, a las que el FROB, a poco que nos entretengamos con dimes y diretes, está dispuesto a entregarles más dinero público para que sigan metiéndolo en la cloaca, estuvieran mal gestionadas, personalmente creo que algo más que mal gestionadas, y otra cosa es que los gestores asignados por el FROB sean ángeles plenipotenciarios y omniscientes capaces de convertir las piedras del desierto en pan.
No ha ocurrido nunca y tampoco va a ocurrir ahora. La experiencia es larga en intervenciones y nacionalizaciones de empresas por razón de pérdidas, con la justificación de ordenarlas y sacarlas al mercado una vez ordenadas. El resultado ha sido casi siempre –y lo del casi es por prudencia, pues no recuerdo en este momento ningún caso– mayor volumen de pérdidas de las de su etapa anterior, hasta el concurso de acreedores y subsiguiente quiebra. Cómo sería la cosa, que se convirtió en habitual el abuso de poder del sector público declarando crédito preferente –declaración en fraude de los anteriores acreedores– a fin de asegurarse cobrar el primero por los créditos concedidos para su reestructuración.
Las cosas, como no podría ser de otro modo, siguen igual. El temor a dejar caer una entidad financiera, se entiende que garantizando los depósitos en las condiciones establecidas por la reglamentación bancaria, es algo que no está justificado. Un dejar caer, es decir, aceptar que la entidad está técnicamente quebrada, que permite perseguir al gestor quebrado hasta descubrir si la quiebra se ha producido en fraude de terceros y en provecho de intereses espurios de los encargados de la gestión.
En nuestra tierra esto, por lo que parece deducirse, no está bien visto, por ello hay que tapar la situación con dinero a un coste social muy elevado, para que parezca que no pasa nada. Y junto al estado de las entidades, la salud de los gestores que provocaron la situación no puede ser más pletórica, nominándose a la vez el sector público como el artífice de una deseada solución.
Pues bien, ya lo están viendo: más dinero para los moribundos.