El Gobierno presentó ayer un recurso contra la decisión de la Comisión Europea (CE) de obligar a los inversores a devolver los beneficios fiscales obtenidos por la financiación de la construcción naval entre 2007 y 2011, que ascienden a 126 millones de euros.
Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han explicado este jueves a Efe que el Gobierno alega en el recurso que en estos beneficios fiscales no concurre ninguno de los requisitos exigidos para ser considerados ayudas de Estado.
Así, defiende que estas bonificaciones se obtenían mediante un proceso abierto a todos los inversores -es decir, que no eran selectivas- y que con ellos ni se falseaba ni se amenazaba con falsear la competencia.
De manera subsidiaria, el Gobierno alega que las bonificaciones se basaban en la confianza legítima, la igualdad de trato y la seguridad jurídica, por lo que aunque fueran consideradas ayudas de estado no procedería su devolución.