La nefasta gestión energética ejecutada a lo largo de la última década está dañando de forma muy grave la competitividad económica de España. En la actualidad, empresas y familias soportan uno de los sistemas eléctricos más caros del mundo, cuando en 2003 disfrutaban de un coste muy razonable. El precio de la luz casi se ha duplicado en los últimos años, sin que ello haya evitado la generación de un creciente déficit eléctrico cuyo tamaño (28.000 millones de euros) supone un ingente lastre para el conjunto del país. Dicho agujero será sufragado por todos los españoles mediante más impuestos y sucesivos incrementos en la tarifa de la luz.
El origen de todos estos problemas es la suicida apuesta por las energías renovables, que fue impulsada hasta límites insospechados por el anterior Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, pero que, ahora, el PP se niega a resolver. Las denominadas primas verdes rondan los 10.000 millones de euros al año. Tan sólo en el último lustro, las subsidios a este tipo de fuentes superan los 39.000 millones. Un terrible error que, por si fuera poco, se ha visto agravado por el apoyo indiscriminado a la producción solar, cuya factura ronda los 5.000 millones al año. No por casualidad, España acumula el 70% de las centrales termosolares de todo el mundo.
Gracias al sueño verde de la clase política, España se ha convertido en una referencia internacional indiscutible en materia de renovables, pero también en un ejemplo de caos energético, con un sistema enormemente caro, ineficiente e insostenible. Aunque el Gobierno de Mariano Rajoy ha aprobado una reforma eléctrica para tratar de corregir esta lamentable situación y eliminar el déficit de tarifa, lo cierto es que el grueso de sus medidas se ha centrado en disparar la fiscalidad sobre las eléctricas, pasando de soslayo por el verdadero problema que padece el sector: las renovables.
Tanto es así, que las principales eléctricas urgen al Gobierno a equilibrar de una vez por todas el sistema energético nacional, ya que sigue haciendo agua pese a los sucesivos e improvisados parches aplicados hasta el momento. Asimismo, la industria ha recordado por carta a Rajoy que el encarecimiento de la electricidad daña la competitividad de las empresas y pone en serio riesgo el fundamental sector exportador, clave para la recuperación económica de España.
Así pues, la solución no estriba en incrementar los ingresos del sistema mediante confiscatorias subidas de impuestos e inasumibles aumentos del precio de la luz sino en reducir de forma drástica los costes de producir energía, apostando por fuentes baratas y eficientes. Es decir, eliminar de raíz las primas renovables y todo atisbo de subsidio público, al tiempo que se liberaliza el sector para que sean los consumidores (el mercado) y no el Gobierno quienes decidan qué tipo de energía producir y a qué precio. El PP debería fijarse en las recomendaciones lanzadas por FAES sobre esta materia, entre las que destaca el fin de las primas verdes, la paralización de nuevas plantas renovables, la aplicación de incentivos fiscales y una firme apuesta por la energía nuclear, la más barata y eficiente de las disponibles hoy en día. España necesita una energía que nos permita competir en la economía global, no un modelo diseñado por políticos que se construye sobre las falacias del calentamiento antropogénico.