El debate que se ha suscitado en torno al artículo 135 de la Constitución, reformado en 2011 por el PSOE y el PP para consagrar el principio de estabilidad presupuestaria, no puede ser más surrealista. Por un lado está el líder del PSOE, Pedro Sánchez, quien ha considerado "un error" que el Gobierno de Zapatero pactara aquella reforma que trataba de dar rango constitucional a los límites del déficit y endeudamiento públicos acordados por los países miembros de la Unión Europea. Por otro está el PP, que ha defendido en solitario el mantenimiento en la Carta Magna de dicha reforma, aun cuando el Gobierno de Rajoy ha batido todos los récords de endeudamiento públicos alcanzados por Zapatero y no ha cumplido un solo año los limites de déficit establecidos por Bruselas.
Cabe recordar que esa reforma constitucional, más que fijar límites concretos al endeudamiento y al desequilibrio presupuestario, fue un gesto que trataba de calmar a los mercados financieros y a la UE: el objetivo era transmitir la idea de que podíamos hacer frente a la enorme deuda que estábamos acumulando. Aunque el artículo consagrase el principio de estabilidad presupuestaria, lo cierto es que las leyes orgánicas que lo han venido a desarrollar han establecido topes de déficit muy laxos, que, para colmo, el Estado central y las comunidades autónomas han incumplido. Eso por no hablar del sistemático incumplimiento de no pocas entidades locales o de las muchas circunstancias en que las limitaciones pueden no ser observadas.
En este sentido, ¿qué imperativo constitucional es éste que permite que sus vagos límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública puedan superarse tan pronto una mayoría transitoria en el Congreso considere que se dan "situaciones que perjudican considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado"? Para hacer caso omiso al principio de estabilidad presupuestaria no hace falta derogar el 135, sino atender a lo que dice el punto 4 de ese mismo artículo. El Gobierno ni siquiera se ha molestado en recurrir a eso para dejar la reforma en papel mojado.
Que ese esperpento con aspecto de reforma constitucional no calmó a los inversores y a nuestros socios comunitarios lo prueba el hecho de que la prima de riesgo de la deuda soberana, lejos de descender con su promulgación, continuó disparándose hasta julio de 2012, momento en que el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, anunció que haría "lo necesario" para preservar el euro, ya que la moneda única era "irreversible". Fue esa decisión de monetizar deuda, mantenida desde entonces por el BCE, y no un cambio a favor de la estabilidad presupuestaria de nuestros manirrotos gobernantes, lo que ha permitido al Reino de España proseguir su enloquecida senda de endeudamiento sin entrar en suspensión de pagos.
Con todo, si el objetivo de Pedro Sánchez fuera mejorar la reforma, que él mismo impulsó con incomparable entusiasmo, para garantizar de mejor manera la estabilidad presupuestaria y reducir de manera más efectiva la brutal deuda pública, se podría dar una bienvenida al reconocimiento de su error. Pero Sánchez no quiere corregir error alguno sino incidir mucho más en él enviando la señal de que España ni cumple ni quiere cumplir disciplina presupuestaria alguna. Frente a la hipocresía del PP, en la que el vicio todavía rinde homenaje a la virtud, la propuesta del PSOE no es más que el intento de competir en irresponsabilidad y demagogia con Podemos.