El pensamiento intervencionista predominante es asimétrico a propósito de la discriminación. Así, se supone que es algo que está muy mal: nadie ha de discriminar. El resultado, paradójicamente, es que quien puede y debe discriminar es el poder, en cuyo caso la discriminación es algo que está muy bien.
Una característica típica de la discriminación política es que, como parte de la base de que el poder político y legislativo no está limitado por los derechos de los ciudadanos, su propia discriminación lógicamente tampoco tiene límites.
Leí en El Economista una entrevista con Alberto Montero, profesor de Economía de la Universidad de Málaga, uno de los expertos que, según afirmaba el diario, trata de "hacer aterrizar" el programa de Podemos. Y lo que se le ha ocurrido para aterrizar es una propuesta eminentemente práctica, lógica y además justa: imponer distintas facturas de la luz en función del nivel de renta. ¿Cómo no se nos había ocurrido antes?
En realidad, en este campo como en tantos otros, Podemos es igualito que "la casta", que ya había establecido tarifas "sociales" de la luz y otras medidas discriminadoras en función de la renta. El propio Barbie, cuando crujió a los ciudadanos con más impuestos, se ocupó de justificarlo alegando que había subido más los impuestos a los asquerosos ricos que los demás. ¡A él nadie le gana a ser "social"! Y su Gobierno una y otra vez da pruebas de "sensibilidad" castigando a los ciudadanos según sus ingresos o riqueza, por ejemplo en el caso de las viviendas.
Lo del señor Montero, por tanto, es una nueva demostración de que Podemos no es original en su aversión a la libertad y los derechos de los ciudadanos. Por aquello de ayudar, les recomendaría que no se quedaran en ningún caso donde están sino que siguieran adelante: ¿o es acaso justo que el alimento, la bebida, el vestido y el automóvil le cuesten lo mismo a Amancio Ortega que a los millones de ciudadanos mucho más pobres que él?