Según publica este lunes el diario El País, la Fiscalía Anticorrupción se encuentra investigando el despacho de asesoría Equipo Económico, por un contrato otorgado por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio para la elaboración de un documento orientativo que sirviera como borrador para la nueva ley de Cámaras de Comercio que empezó a tramitar en 2012 y aprobó dos años más tarde. Anticorrupción trata de esclarecer si la adjudicación vulneró o no la ley y se cuestiona el cómo y el por qué se decidió contratar a este contrato.
Tal y como detalló en su día Libre Mercado, Equipo Económico es el despacho que fundó en 2006 Cristóbal Montoro junto a quien fuera su secretario de Estado en Hacienda, Ricardo Martínez Rico bajo el nombre de "Montoro y Asociados". En 2008 Montoro vendió su participación y cesó todas sus responsabilidades. Con su salida, Montoro y Asociados pasó a llamarse Equipo Económico, marca con la que se le conoce desde entonces. Ricardo Martínez Rico se quedó al frente y continúa siendo el mandamás en el despacho. Además, Ricardo Martínez Rico es hermano de Felipe Martínez Rico, actual director del Gabinete del ministro Montoro.
Precisamente, Martínez Rico ya declaró hace semanas en la sede de la Fiscalía Anticorrupción acompañado por su abogado. También lo ha hecho, según destaca El País, Carmen de Miguel, secretaria en funciones de la Cámara de Comercio, y Manuel Teruel, expresidente de la misma. Aquellas comparecencias se centraron en la elaboración del informe, ya que se llegó a dudar de que éste se hubiera realizado. Martínez Rico ha asegurado que "tuvimos múltiples reuniones, nos entrevistamos con el presidente del Consejo y con otros responsables. Hay muchos correos y documentos que acreditan que el trabajo se realizó".
Ahora, la investigación está centrada en la adjudicación del contrato sin concurso público, ya que a partir de 12.000 euros las adjudicaciones no pueden ser directas. En cambio, según un portavoz de la Cámara de Comercio de España, citado por El País, este organismo sólo recurre al contrato público cuando se trata de actividades programadas o financiadas con fondos comunitario. En su defensa, dice que el contrato cuestionado se pagó con fondos privados.
Según dice el diario de Prisa, el precio del contrato "fue de 216.000 euros que posteriormente se rebajaron a 90.000 y el objeto de trabajo era un análisis sobre el impacto que tendría sobre las cámaras la nueva ley que tramitaba el Ejecutivo". Además, se contrató para otros análisis a la consultora Price Waterhouse, Denton y al despacho de abogados Pérez Llorca.
De toda la investigación, y tras algo más de un año de pesquisas, el foco se centra en el contrato firmado con Equipo Económico.