El registro en el domicilio de Rodrigo Rato se entiende en el contexto de una actuación de la Fiscalía coherente con los deseos del Ejecutivo de Rajoy, que quiere que los asuntos de corrupción se investiguen y se ventilen con contundencia.
Según recoge La Vanguardia, la investigación sobre el exministro tendría más que ver con el presunto blanqueo de capitales que con supuestos delitos fiscales, de ahí la intervención de Agentes de Aduanas -Hacienda debe conocer la procedencia de ese dinero- en la investigación llevada a cabo por la Agencia Tributaria y la Fiscalía.
Las pesquisas parecen referirse también a supuestos delitos de alzamiento de bienes, y en los hechos estarían implicadas terceras personas, cuya identidad no se ha proporcionado aún.
Fuentes judiciales afirmaban este jueves que las indagaciones se llevaban haciendo desde hace un tiempo, de la mano de inspectores de Hacienda y fiscales adscritos al Tribunal Superior de Justicia de Madrid -TSJM-. Este hecho descarta que lo investigado tenga que ver con la crisis de Bankia y su salida a Bolsa o con las tarjetas black.
En todo caso, ninguna de las mencionadas instancias podían registrar el domicilio o el despacho de Rato sin contar con autorización judicial. Como no se trata de uno de los asuntos sometidos a la jurisdicción de la Audiencia Nacional, los fiscales del TSJM pidieron el jueves al juez de guardia, el número 35 de los de Instrucción, la preceptiva autorización para la entrada y el registro. El juez de guardia no puso objeciones.
La Fiscalía de Madrid creía tener argumentos para los registros. Pero no trabajaba en el vacío: previamente, había informado a la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, que conocía desde antes la existencia de la investigación. Por su parte, Madrigal se ocupó de tener informado a Gobierno.