El nuevo Gobierno de Castilla-La Mancha que encabeza el socialista Emiliano García-Page y que se sostiene con el apoyo de la rama regional de Podemos se ha estrenado en la política nacional con su boicot al Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, que en teoría se iba a construir en un pueblo de su región, Villar de Cañas, en la provincia de Cuenca.
Es llamativo que un político como el socialista y un partido como el de Pablo Iglesias, que presumen de un espíritu renovador y de ser nueva política, tomen casi como primera medida una tan propia de la vieja política como el ataque a una instalación como el ATC, sólo por llevar el apellido "nuclear".
Cuando ya prácticamente nadie serio cuestiona la seguridad de las centrales nucleares, la oposición a una instalación pasiva y absolutamente segura como este almacén –nunca ha habido incidente alguno en ninguno similar en todo el mundo– sólo puede deberse a desfasados motivos ideológicos más propios de los años setenta del siglo XX que de la segunda década del XXI.
Pero aún peor es el hecho de que para lograr sus objetivos García-Page y sus socios de gobierno se valgan de una estratagema que tiene toda la apariencia de un fraude de ley, un delito que consiste, tal y como recoge el Código Civil, "un acto o negocio jurídico amparándose en una norma –la ley de cobertura– con la finalidad de alcanzar ciertos objetivos, que, no siendo los propios de esa norma, sean además contrarios a otra ley –la ley defraudada–". Y esto y no cosa parece esa ampliación de un espacio protegido que sus propios responsables han relacionado con el ATC y no con las supuestas especies de aves a proteger.
En definitiva, si el cambio que traen los nuevos gobiernos son resabios ideológicos superados hace lustros y retorcer la legalidad para adaptarla a sus intereses políticos, cabe preguntarse si para este viaje hacían falta alforjas.
Lo esencial de la cuestión, sin embargo, es que de nuevo una decisión política para obtener un rédito electoral y satisfacer a ciertos grupos de presión puede ser un auténtico drama para españoles de carne y hueso: los cientos de habitantes de Villar de Cañas y los miles de las localidades cercanas seguirán, si el empeño de García-Page no fracasa, abocados a una vida más difícil y menos próspera, con muchas menos oportunidades laborales y, en no pocos casos, viéndose obligados a dejar una zona que a día de hoy no es, precisamente, un paraíso de empleo.
Pero eso no parece que importe ni a García-Page, ni a Podemos ni a los falsos ecologistas que mienten para que el ATC no llegue a Villar de Cañas.